Una está en manos del juez Claudio Bonadío y otra en las del juez Luis Rodríguez. De qué se lo acusa al exministro.
De Vido se entregó hoy en Comodoro Py luego de que la Cámara de Diputados aprobara su desafuero. Está imputado en dos causas: Río Turbio, en la que está acusado de defraudación a la administración pública entre el 2008 y el 2016, y pago de sobreprecios y de comisiones innecesarias en la compra de barcos de Gas Natural Licuado (GNL) para abastecer las plantas radicadas en Bahía Blanca y Escobar.
Río Turbio
El fiscal Carlos Stornelli consideró que tanto Julio De Vido como el exsecretario de Minería, Jorge Mayoral; el exsubsecretario de Coordinación Roberto Baratta; y el excoordinador general del Ministerio Jaime Valvar. Ellos tenían la obligación de controlar $ 265 millones que tenían como finalidad la puesta en marcha en un yacimiento carbonífero de Río Turbio, pero que habrían sido desviados.
El ex ministro de Planificación Federal había sido denunciado por el fiscal por un fraude contra el Estado de de $ 270 millones. Pero el monto de la estafa podría ser mucho mayor: entre 2005 y 2015 salieron de las arcas públicas $ 26.000 millones destinados al complejo Río Turbio (un proyecto de una central eléctrica, una mina de carbón y el tren Eva Perón). El tren no funciona. La mina, que debía reactivarse y alimentar la central, produjo en 2015 lo mismo que en 1951: 48.000 toneladas anuales.
Según el fiscal, De Vido y Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, fueron responsables de la «maniobra defraudatoria» porque el complejo minero «tiene un 70% menos de las galerías que lo proyectado» y «produce un 85% menos que lo establecido», pero no obstante «posee un 233% más de personal».
La maniobra defraudatoria consistió en la “ilegítima obtención de fondos provenientes del Estado, la UTN y la FRSC” según el juez Luis Rodríguez. Todo, según el expediente, se realizó en “connivencia con funcionarios y empleados públicos” de estos organismos. Así, el magistrado determinó que a través de ese mecanismo se celebraron más de 500 convenios -para diversas obras y capacitaciones-, por $4.866.400.000 de los que se facturaron $ 1.379.923.949. El perjuicio a las arcas del Estado ascendería, en principio a $ 176.074.000.
Causa Gas Natural Licuado (GNL)
El fiscal Stornelli investigó la compra de los barcos de Gas Natural Licuado (GNL) que se importaron durante el Gobierno kirchnerista para abastecer las plantas radicadas en Bahía Blanca y Escobar. El GNL que se descargaba debía ser regasificado en un buque que oficiaba a su vez de planta, para luego ser inyectado a la red de distribución. Estas compras son las que se investigaron en la causa bajo la sospecha que hubo negociados.
La causa comenzó en 2014 con la denuncia de los entonces diputados nacionales Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Laura Alonso, quienes plantearon el presunto pago de sobreprecios y de comisiones innecesarias a intermediarias en las sucesivas compras de barcos que se realizaron desde 2008 en adelante. En el expediente consta que la operatoria comenzó en el 2008 con la compra de 8 buques provistos por YPF-Repsol y luego pasó a contratarse a Gas Natural Fenosa de España, British Petroleum, Vittol, Glencore y Morgan & Stanley.
En ese momento las compras correspondían a la órbita del Ministerio de Planificación que dirigió Julio De Vido y quien declaró que las compras de GNL fueron para paliar una difícil situación climática que se vivió en 2007 y que el Estado debió «tomar medidas para paliar la necesidad de cubrir una creciente demanda de Gas con soluciones rápidas y eficaces». En ese marco sentenció que «jamás tuvieron como consecuencia un perjuicio al Estado y mucho menos implicaron algún tipo de relación personal con el objeto de cometer ilícito alguno».
En su último fallo, el juez Bonadío sostuvo que De Vido y Baratta (también imputado en la causa) «tuvieron en sus manos el diseño de todo el plan delictivo y la estructura que concretó la importación de GNL», generando un perjuicio a las arcas del Estado Nacional. Por los casi 500 barcos se pagaron 15 mil millones de dólares y la Justicia quiere determinar si hubo desvíos de fondos por casi 7 mil millones entre 2008 y 2015.
