Tras ser procesado como partícipe del crimen de Aberto Nisman, el técnico informático dialogó con la prensa esta mañana en su casa de Martínez y negó la hipótesis criminal que marcó el juez Ercolini.
Diego Lagomarsino, procesado como participe necesario en la causa que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman, consideró hoy que no existen pruebas para implicarlo y reiteró su inocencia: «Lo niego rotundamente. Eso que dice el fallo nunca existió».
«No tengo nada que ver con lo que dice el juez. Arroyo Salgado debe explicar las mentiras que dijo«, aseguró frente a la prensa esta mañana al salir de su domicilio. «No hay pruebas para demostrar que yo tenía algo que ver (con el asesinato del fiscal). Por supuesto que tengo miedo de ir preso porque soy inocente», añadió.
El juez federal Julián Ercolini ordenó ayer el procesamiento de Diego Lagomarsino como participe necesario del asesinato de Alberto Nisman, al considerar «inverosimil» que el fiscal de la causa AMIA le haya pedido su arma y éste se la prestara. En los fundamentos de la medida se señala que se considera a Lagomarsino penalmente responsable del delito de homicidio simple agravado por el uso de armas de fuego, en calidad de participe necesario.
Además, Ercolini congeló las cuentas y trabó un embargo de 15 millones de pesos sobre el técnico informático, que no irá preso sino que seguirá vigilado por una tobillera electrónica, con un radio de 100 kilómetros para moverse alrededor de su residencia.
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«Nisman pidió armas a dos personas antes que a mí. Alberto intenta tener un arma a través de un comisario, luego de un custodio y luego me la pide a mí. La cuenta bancaria habla de la relación que Nisman tenía», indicó hoy el acusado.
«¿Acaso creen que Nisman es tan pelotudo como para dejar la puerta abierta? Por las pericias, creo que fue un suicidio, o un suicidio inducido, o hasta pudo haber sido un accidente. No estoy preso porque saben que digo la verdad», agregó.
En una resolución de 656 páginas, el juez procesó a los cuatro custodios que estaban a cargo de la seguridad de Nisman, por «encubrimiento agravado» e «incumplimiento de los deberes de funcionario público». Se trata de Rubén Benítez, Néstor Durán, Luis Miño y Armando Niz, a quienes también se les prohibió salir del país y se les trabaron embargos y congelamiento de sus cuentas.
Lagomarsino se encontraba en los estudios del canal Crónica cuando se conoció la decisión del juez, la que tildó de «endeble», y afirmó: «Se va a demostrar que no tengo nada que ver».
«Hay certeza de que Lagomarsino fue una de las pocas personas –sino la única– de su entorno que para esos días mantuvo franqueado el acceso al domicilio del Fiscal. De hecho, tampoco es controvertido que fue la última persona autorizada por Nisman a entrar a su vivienda», señaló Ercolini, al referirse a la fecha del asesinato, el 18 de enero de 2015.
En la resolución, basada además en el último peritaje de la Gendarmería que estableció que se trató de un homicidio, Ercolini dijo además que está «descartado que el fiscal hubiera tenido una tendencia suicida». «A Nisman lo habrían matado con el arma de Lagormarsino y éste, a la vez, fue la última persona que ingresó al departamento. No obstante, desde el primer momento, comenzó a impulsarse públicamente la idea del suicidio», evaluó.
El juez afirmó que el técnico intentó dar una imagen de «víctima» en los medios «de un modo tal que ha generado públicamente una pérdida de la percepción de lo que debería haber sido desde el mismo momento del hallazgo del cadáver: un sospechoso central en un caso de homicidio».
Según fundamentó en el fallo, «es incomprobable, pero aparte debe ser tildado de inverosímil y como un intento defensista de quitarse responsabilidad, que Nisman le haya pedido en aquella ocasión a Lagomarsino un arma de fuego para la seguridad de sus hijas», ya que «ninguna se encontraba en el país».
«Una persona con el nivel cultural y de instrucción como aquél y con pleno conocimiento de lo que estaba sucediendo en esos días, por una parte se hubiera negado a dársela o dicho que no tenía armas, o que no funcionaba, o que se comprara una, etcétera; pero además, hubiera hecho lo posible para poner al tanto y en alerta de este pedido insólito a sus otras personas de confianza», enfatizó Ercolini.
Al respecto, agregó: «Debe descartarse por inverosímil la versión de que el arma por la que finalizó muerto Nisman fue pedida a Lagomarsino y prestada por éste. Tampoco pueden ser aceptables como ciertas las explicaciones que dio Lagomarsino sobre el por qué era tenedor de un arma de fuego, situación ésta absolutamente incongruente con la actividad profesional; ni tampoco es verosímil, si tan sólo era un asesor informático, que Nisman supusiera o supiera que Lagomarsino pudiera tener un arma de fuego, para pedírsela».
Para el juez, «al ser un hombre de extrema confianza, facilitó el ingreso al domicilio de la víctima de la pistola marca Bersa calibre 22 de su propiedad, con el objeto de que luego fuera utilizada por las personas que ingresaron a la vivienda y le quitaron la vida al Fiscal».
También le achaca, «dada la asidua concurrencia al domicilio», tener «conocimiento de información a su respecto que habría ayudado al desarrollo e la logística utilizada por el o los ejecutores del hecho, para asegurar el resultado final y poder obrar sobre seguro».
En tanto, a los ex policías se los imputa por «no proteger a su custodiado en forma debida», al considerar que «sus incumplimientos ayudaron a la perpetración del ilícito, por cuanto ello facilitó el ingreso del arma homicida al domicilio del custodiado, franqueó el acceso de los ejecutores del hecho, permitió que estos lleven adelante su accionar sin riesgo de ser descubiertos, determinó su salida impune del lugar e impidió tomar conocimiento del hecho en forma inmediata a su producción».
FUENTE: NA
