Es por enriquecimiento ilícito. Al igual que la Oficina Anticorrupción, apelarán la falta de mérito de la ex presidenta en la Ruta del Dinero K.
La Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA) apelaron hoy la falta de mérito que dictó el juez federal Sebastián Casanello sobre la ex presidenta Cristina Kirchner en el marco de la causa por presunto lavado de dinero conocida como la Ruta del dinero K.
Ambos organismos reclamaron que la líder de Unidad Ciudadana sea procesada, por entender que «concurren elementos de convicción suficientes para vincular a la encartada con las maniobras».
A través de su vicepresidenta, María Eugenia Talerico, la UIF remarcó en su presentación que el juez Casanello «sobreestima el suceso correspondiente a la muerte de Néstor Kirchner como si este hechos hubieran dejado sin efecto los acuerdos existentes entre las familias Kirchner y Báez como si la prueba no señalara la continuidad de los mismos».
«No sólo veremos que el circuito de lavado de dinero funcionaba mucho antes del fallecimiento de Néstor Kirchner, sino además que el resolutorio obvia manifestar que, aún después de acaecido el luctuoso suceso, el Grupo Báez continuó recibiendo obra pública, de modo preferencial», apuntó la UIF.
Para la OA, que conduce Laura Alonso, la ex presidenta tenía conocimiento, al menos de forma genérica, de las maniobras de lavado de dinero realizadas por el empresario Lázaro Báez: en la causa, Leonardo Fariña señaló que si bien el dinero de origen ilícito era manejado por Báez en verdad era propiedad de Néstor Kirchner.
«Es decir, el hecho de que Cristina Elisabet Fernández tuviera conocimiento de la colocación en cabeza de Lázaro Báez de una masa de dinero de origen ilícito perteneciente a su difunto esposo, pero que no conociera con exactitud cada una de las operaciones –como es normal que ocurra en el caso de socios, prestanombres y simples gestores-, en nada quita su responsabilidad en el evento», apuntó en el escrito.
Además, la OA coincidió con la UIF en que las empresas de Báez continuaron siendo adjudicatarias de contratos de obra pública «direccionadas de modo fraudulento», lo que constituyó la fuente del dinero aplicado a las posteriores maniobras de lavado.
En el escrito se repasan una serie de hechos presuntamente organizados desde la Casa Rosada y advirtió que «existió una decisión de proteger, desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional, a las maniobras de lavado de activos reprochadas a Lázaro Antonio Báez y su entorno, tanto para permitirle ejecutarlas como para, luego, procurar su impunidad».
En lo referido al fideicomiso testamentario de Báez, la OA consideró «que más allá de su significado aparente, en verdad constituyó una suerte de contradocumento que sólo se explica como el reflejo de una realidad distinta de la que surgía –y aún surge- formalmente del patrimonio» del empresario, que -aseguró- «no le pertenece a él, sino a otras personas. Y esas otras personas son Néstor Carlos Kirchner, antes, y Cristina Elisabet Fernández, ahora».
La Oficina viene insistiendo sobre la participación de Cristina Kirchner en esta causa por entender que la asignación de contratos de obra pública a las empresas del grupo Austral no sólo tuvo por objetivo sustraer millonarios fondos estatales y otorgarles una apariencia de legitimidad, sino también ponerlos en cabeza del patrimonio de Báez, de modo tal de disimular que la ex presidenta y su difunto esposo resultaban los verdaderos dueños de esa fortuna, lo que quedó demostrado con el reingreso de buena parte de esos bienes al patrimonio de los Kirchner en las causas Hotesur y Los Sauces.
El pasado viernes, el juez Casanello había dictado la «falta de mérito» de la ex presidenta y actual senadora nacional en la causa por presunto lavado de dinero conocida como la «ruta del dinero K», en la que está detenido el empresario Báez, y ordenó profundizar la investigación.
El magistrado resolvió la situación procesal de la ex mandataria, cuando en paralelo gran parte de la causa por lavado de dinero mediante la financiera SGI, conocida como «La Rosadita», está en etapa de juicio oral y público, con más de 20 implicados, entre ellos Báez, Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar.
El dueño de Austral Construcciones se encuentra detenido desde abril de 2016, luego de que se conociera un video de «La Rosadita» en el que se veía a su hijo Martín y a otras personas ahora imputadas contando varios millones de dólares.
Para la Justicia, «se corroboró suficientemente la existencia de una estructura conformada por Báez que entre el 2010 y 2013 canalizó fondos de origen ilícito a través de una ingeniería financiera, que posibilitó la expatriación de una suma cercana a los sesenta millones de dólares y luego la repatriación parcial de unos treinta y dos millones de esa moneda que terminaron contabilizados en Austral Construcciones S.A. además de la adquisición de bienes y servicios».
