Según el informe de Bachelet, en la gestión de Maduro se cometieron casi 7000 ejecuciones extrajudiciales.
En el informe que Michelle Bachelet formuló sobre Venezuela, asegura que en el país americano existe una «sorprendentemente elevada» proporción de «presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), en el contexto de las operaciones policiales».
En 2018 la administración de Nicolás Maduro registró 5.287 muertes, supuestamente por «resistencia a la autoridad», mientras que sólo entre el 1° de enero y el 19 de mayo de este año 1.569 personas fueron asesinadas, siempre según las estadísticas del propio chavismo, pues de acuerdo con el documento de la ONU «otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores».
El informe agrega que existen detenciones arbitrarias, y que en la mayoría de los casos, se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas. Las autoridades no han investigado las incontables denuncias.
El documento de Bachelet es el resultado de 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones a los derechos humanos, funcionarios del régimen, opositores, activistas y ciudadanos, realizadas durante la visita entre el 11 y el 22 de marzo, hizo a Venezuela la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Allí se relata el uso excesivo de la fuerza por parte del régimen, las persecuciones a opositores, dirigentes de la sociedad civil y periodistas, y los padecimientos de las minorías indígenas -desproporcionadamente afectados por los mismos padecimientos que los que sufre la población en general-, y la crisis humanitaria que ya ha expulsado a más de millones de venezolanos.
Tras reseñar la «paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década», el informe denunció que «tanto a fuerzas civiles como militares» llevaron a cabo «detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares, violencia sexual y de género perpetrada durante los períodos de detención y las visitas, y uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones».
«Sucesivas leyes y reformas legislativas han facilitado la criminalización de la oposición y de cualquier persona crítica al Gobierno mediante disposiciones vagas, aumentos de sanciones por hechos que están garantizados por el derecho a la libertad de reunión pacífica, el uso de la jurisdicción militar para personas civiles, y restricciones a ONGs para representar a víctimas de violaciones de los derechos humanos«, sostiene.
Por último, se apunta respecto de la crisis humanitaria: «El desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, entre otros, debido al deterioro de servicios básicos como el transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural», y agrega que, incluso, el régimen de Maduro recientemente ha reconocido «ciertos aspectos de la situación humanitaria«.
