El proyecto de ley fue elaborado por la OA y enviado a la Cámara de Diputados por el Ejecutivo en octubre del año pasado.
Desde el organismo aseguran que permitirá la cooperación entre el sector público y el sector privado, y sancionar a las empresas -no solo a las personas físicas- en casos de corrupción.
Después de que el Presidente mencionara el proyecto de Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en la apertura legislativa, la OA pide al Congreso su aprobación.
La aprobación del proyecto de Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas representará, según el organismo, un avance significativo, ya que establece que las personas jurídicas (empresas, fundaciones, asociaciones civiles) podrán ser sancionadas (por ejemplo, a través de multas) por incurrir en delitos de corrupción. El sistema jurídico argentino solo prevé que las personas físicas (las personas individuales) pueden ser sancionadas o penadas por cometer delitos de corrupción.
Para la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, “hay una demanda incesante de la sociedad argentina que demanda transparencia y control, tanto al Estado como al sector privado. En este contexto, la colaboración es clave. Esta ley prevé la posibilidad de lograr acuerdos de colaboración con las empresas a cambio de información para poder identificar a las personas físicas que cometieron los delitos: tanto el funcionario que solicitó un soborno como la compañía que lo pagó”.
(Fuente: Será Justicia)
