El abogado Ricardo Monner Sans denunció en la Justicia federal que la nuera de la expresidenta habría hecho una adjudicación directa a una empresa privada a través de las universidades nacionales de San Martín, Entre Ríos y Chaco Austral.
El titular de la Asociación Civil Anticorrupción dijo que la contratación supuestamente firmada por Rocío García, extitular del plan “Argentina Sonríe” y esposa del diputado nacional Máximo Kirchner, presuntamente se hizo sin iniciar una licitación, por 46 millones de pesos, y benefició a Callmed SA.
La presentación se hizo en la misma causa en la que Monner Sans denunció a la actriz Andrea Del Boca y al exministro de Planificación Julio De Vido por la producción de la telenovela “Mamá Coraje”, con fondos públicos supuestamente triangulados por la universidad nacional e San Martín.
El juez federal Sebastián Casanello y el fiscal federal instruyen ese expediente.
Semanás atrás el Gobierno nacional derogó el programa de salud bucal “Argentina sonríe”, creado en diciembre de 2014 por la gestión de Cristina Fernández, y por el cual está denunciada García, quien estuvo a cargo de la iniciativa.
En el informe “El estado del Estado”, el Gobierno sostuvo que “Argentina Sonríe fue un programa de salud destinado a llevar atención odontológica en unidades móviles por todo el país. La adaptación de las unidades móviles para el programa fue realizada por la empresa Callmed S.A., cuyo ejecutivo de ventas era familiar de uno de los responsables del programa”.
“El programa estuvo dirigido por personas ligadas a las autoridades del Gobierno nacional. La Coordinadora General fue Elena Morán, odontóloga y madre del diputado Andrés Larroque. Una de sus cabezas más visibles fue Rocío García, odontóloga y esposa del actual diputado Máximo Kirchner. La directora nacional de Salud Bucodental era María Belén César Gallardo, odontóloga y nuera del ministro Julio De Vido”, agregó.
La semana pasada, la legisladora porteña Graciela Ocaña denunció a García y al ex ministro de Salud Daniel Gollán por el presunto uso injustificado de unos 4 millones de pesos de la caja chica del programa, adjudicaciones directas y otras irregularidades.
(Fuente: Será Justicia).
