Para la magistrada Patricia Guichandut, el pago de $700 «entraba en las posibilidades del acusado».
La titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 62, Patricia Guichandut, quedó en la mira por una resolución que generó el enojo del gobierno porteño y del presidente Mauricio Macri. Tras un juicio abreviado, liberó a cambio de $700 a un motochorro colombiano con antecedentes penales que robó un celular.
La magistrada emitió un comunicado de prensa en el que aseguró que no estaba al tanto del prontuario del delincuente y en el que defendió la suma impuesta para habilitar su liberación: «Como consecuencia de la suspensión de juicio a prueba, le impuse a Jurado Mora varias reglas de conducta entre las que se cuenta el pago de una suma dineraria en concepto de reparación del daño causado a la víctima, como lo señala la ley, en la medida de las posibilidades del nombrado».
Guichandut aseguró que de los informes confeccionados por el Registro Nacional de Reincidencia y por la Policía Federal Argentina no surgen «antecedentes penales ni procesos en trámite del extranjero Jair Jurado Mora -detenido por el robo del celular-«.
La magistrada indicó además que funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones se entrevistaron con el detenido y en ningún momento notificaron al tribunal de que el imputado hubiera estado alcanzado «por alguno de los impedimentos de ingreso y permanencia en el territorio nacional» de acuerdo a las leyes vigentes. Tampoco realizaron presentación alguna en el expediente, informó.
Guichandut precisó que en el marco de la ley de flagrancia se realizó una audiencia en la que el abogado del acusado solicitó la suspensión del juicio a prueba «por no contar con antecedentes penales» a la vez que ofreció «una suma de dinero en concepto de reparación de los presuntos daños causados».
Con la conformidad de la Fiscalía y en virtud de la imputación -robo simple en grado de tentativa-, la magistrada aceptó la solicitud y le exigió al acusado el pago de 700 pesos, además de otras reglas de conducta. Finalizada la audiencia, se hizo saber lo actuado a la Dirección Nacional de Migraciones.
«En este caso concreto se otorgó la probation, dado que a la luz de las constancias del sumario estaban dadas las condiciones para su otorgamiento, dado que la normativa legal no establece diferencia entre ciudadanos nacionales y extranjeros», completó Guichandut.
