La casera envió una carta documento para que Carlos «ratifique o rectifique» los dichos sobre su despido
Sandra Heredia, la empleada doméstica que desató la polémica contra el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, presentó una denuncia por «daños y perjuicios» contra el hermano del funcionario, Carlos Triaca, y lo intimó a pagarle $3.700.000, luego de que este le ofreciera una indemnización por su despido.
Si bien el Gobierno dio por finalizado el escándalo en torno al ministro y lo respaldó en el asunto, la casera envió una carta documento para que Carlos «ratifique o rectifique» sus declaraciones que aseguran que Heredia fue cesanteada de su lugar en la quinta familiar porque «hubo faltantes en la casa, lo cual llevo a una mala relación en los últimos meses» lo que culminó con su despido. Además, en declaraciones a A24 Triaca se refirió a la mujer como «una persona que tiene una enfermedad bastante grande, no física, sino psíquica».
En este sentido, Heredia consideró que estos dichos son «injuriantes y calumniosos» y accionó en materia judicial, tras haber sido despedida sin previo aviso luego de haber trabajado durante meses «en negro». De acuerdo a un acta del 19 de enero que labró la delegación de San Isidro de la cartera laboral bonaerense, la ex empleada accedió a una indemnización por $340.000.
«La trabajadora acepta el ofrecimiento realizado en este acto al igual que la forma de pago detallada, manifestando expresamente que cumplido el pago mencionado en el presente acuerdo nada más tendrá que reclamar a su legítimo empleador Carlos Leonardo Triaca por ningún concepto emergente de la relación laboral que los unía», reza el documento
Sin embargo, en el texto legal que presentó y al que tuvo acceso la agencia OPI, la mujer advirtió que el hermano del funcionario la acusó «de manera falaz, maliciosa y sin sustento legal alguno, afirmando que durante el transcurso el vínculo laboral hubo faltantes en la casa».
Y detalla: «Carlos Triaca se manifestó de manera inapropiada extralimitándose manifiesta y públicamente al referirse a mí, en términos que afectan mi imagen personal, como así también mi honor y decoro al recurrir a expresiones ofensivas e hirientes que atentan contra mi reputación, lo íntimo a que se retracte de todas las calumnias e injurias que ha difundido».
En este marco, lo intimó a pagarle $ 3.700.000 por los daños y perjuicios causados y a abstener se «formular todo tipo de opiniones, sean o no descalificadoras o peyorativas, sobre aspectos» de su vida personal en un período de 48 horas «bajo apercibiendo de iniciar querella por calumnias e injurias, Art 109 y 110 del CP y reclamar judicialmente en el fuero Civil y Comercial, los daños y perjuicios causados».
