Desde el oficialismo impulsaron la medida para que, al igual que otros trabajadores de altos ingresos, jueces, fiscales, defensores oficiales y funcionarios tributen el impuesto.
Las tres agrupaciones de jueces y empleados judiciales del país se ponen en pie de guerra contra el dictamen del oficialismo de modificar el régimen de Impuesto a las Ganancias para el Poder Judicial, por lo que la Asociación de Magistrados convocó a un plenario este viernes a las 16.30.
Los jueces, fiscales, defensores oficiales y funcionarios rechazaron de forma unánime el proyecto que fue aprobado en la comisión de la Cámara de Diputados el jueves.
La Lista Bordó, encargada de la presidencia de la Asociación de Magistrados, publicó un comunicado en el que remarcó su postura contra el oficialismo y apuntó que “la reforma que se intenta introducir, llamativamente canalizada en un proyecto de ley que no persigue esos fines, sino la diagramación de las erogaciones de los tres poderes del estado, evidentemente se corresponde con una nueva maniobra del partido de gobierno para atentar contra la independencia judicial y dotarse a sí mismo de herramientas de presión”.
La presidencia de la Asociación de Magistrados reprobó, además, el presupuesto de 2023: “No advertimos que la discusión del presupuesto haya incorporado, ni mínimamente, el análisis del control del gasto público ni el crecimiento que evidencia la administración pública nacional”, por lo que este nuevo artículo incluido por el oficialismo “se posiciona en una línea de hostilidades hacia la justicia como consecuencia del dictado de fallos que no agradan a sus promotores”.
“El salario no es ganancia”, agregó La Lista Celeste con otro comunicado en el que reiteró su “posición histórica en tanto que el salario no es ganancia (Art. 110 CN). La independencia judicial no se negocia”.
Compromiso Judicial anunció que se mantiene en “estado de alerta” luego de la noticia y sumó su crítica a la propuesta en un anuncio: “Expresamos una vez más nuestra enorme preocupación por el intempestivo e inconsulto proyecto sobre otra ley relacionada con la aplicación del impuesto a las ganancias a los integrantes del Poder Judicial y los Ministerios Públicos”.
El artículo para que los jueces cobren ganancias lo presentó Marcelo Casaretto, secretario de la comisión de Presupuesto. En el mismo, Massa incluyó una “separata” que indicaba como impactaría sobre las cuentas públicas las distintas exenciones impositivas que benefician a algunos sectores.
A fin de cuentas, el Ministerio de Economía asegura que, cobrando Ganancias a jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial, se podrían sumar $237.000 millones a la recaudación.
En el Presupuesto se incluirá finalmente un artículo que modifica el artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y establece que “en el caso de los Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de sus ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados, independientemente de la fecha de su nombramiento, y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones”.
La medida, en su esencia, tiene respaldo de la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, que lo han planteado en el pasado, e incluso del PRO: en 2016 el Congreso sancionó una ley impulsada por el diputado y consejero de la Magistratura del PRO, Pablo Tonelli, que incluía en el pago de Ganancias a todos los magistrados que asumieron a partir del 1º de enero de 2017, aunque hoy solo pagan por una parte de sus remuneraciones.
Sin embargo, hay pesimismo en el Congreso sobre las chances reales de que, una vez sancionada la norma, los jueces empiecen a pagar el impuesto. “Es para la tribuna. Un juez lo va a declarar inconstitucional en el acto”, advertían en el radicalismo.
