La Justicia logrará una impensada alianza que generará fuerte impacto: Guillermo Moreno y la Casa Rosada festejarán a dúo y a la brevedad un inminente fallo de Tribunales.
Ambos se beneficiarán por una medida sorprendente: no habrían encontrado pruebas suficientes para condenar a Moreno, ex secretario de Comercio Interior durante el kirchnerismo, por la evidente manipulación de las cifras del INDEC.
El juez Rodolfo Canicoba Corral tendría decidido no condenarlo por esa tropelía. La maniobra le costó a la Argentina descrédito económico y el ocultamiento de un dato político central: el fuerte deterioro social durante la era kirchnerista.
Para salvar a Moreno, el magistrado usará una serie de disposiciones internas del INDEC. Reglamentaciones que, de hecho, daban luz verde para que sus autoridades corrigieran los índices de precios.
Lo hará con una salvedad: que se hicieron en la propia época de Moreno, sin ningún tipo de control por parte del Estado.
Moreno tuvo inicialmente el aval cómplice del FMI y la pasividad total del establishment.
La “ausencia de mérito” será -sin duda- festejada por el ex secretario. Durante su gestión fue un verdadero coleccionista de fracasos: cepo, freno a la economía, inflación ascendente, destrucción del campo y persecución a los empresarios.
Pero la manipulación del INDEC fue la pieza central de su estrategia: dibujar la inflación, hacer crecer ficticiamente la economía y esconder los pobres generados en tiempos de Cristina Kirchner.
En la Casa Rosada también aprobarán la iniciativa de Comodoro Py: serán al fin socios de Moreno.
La Jefatura de Gabinete siguió este delicado proceso y ahora están aliviados: temían que una condena por la manipulación abriera las puertas a demandas de bonistas perjudicados por la difusión de falsos índices de precios.
Se trata de los propietarios de bonos atados a la inflación, que se vieron afectados por cifras millonarias porque los “dibujos estadísticos” de Moreno redujeron a la mitad la rentabilidad real de los títulos. Entre ellos, la propia cartera de la Anses.
Los números en juego son impactantes: hay emitidos 19.500 millones de dólares en bonos ajustados por el CER. El 74% de ese monto está afectado por las maniobras de Moreno.
Pero ahora la inminente “falta de mérito” anularía cualquier posibilidad de reclamo internacional.
En secreto -como trabajan- los influyentes Gustavo Lopetegui y Mario Quintana fueron los más activos para advertirle a la Justicia sobre la trascendencia del fallo.
Transmitieron el deseo de la Casa Rosada de salvar a Moreno para no complicar las cuentas fiscales del actual gobierno. Los unió el espanto.
El Gobierno tiene información confidencial sobre la existencia de una decena de fondos internacionales ya listos para iniciar o reforzar demandas contra la Argentina. Están a la espera del fallo y tienen como antecedente lo ocurrido en Brasil: todos los inversores ganaron los reclamos.
Por eso mismo la cuestión fue tratada en secreto al máximo nivel, incluso con la presencia del Presidente. Macri tuvo una posición inicial: “No me importa lo que pase. Que haya justicia”.
Pero, después, hubo fuertes discrepancias en el Gabinete. Se dividió en 2: los “prácticos” que se asociaron -de hecho- con Moreno y aquellos a los que les pareció inapropiado beneficiar al ex funcionario.
Jorge Todesca, actual jefe del INDEC, fue de los que se opusieron: los abogados del organismo dictaminaron que un fallo que condene a Moreno no habilitaba los juicios millonarios de los bonistas. En especial, porque para manipular los índices llevó adelante la “falsificación de documentos públicos”.
Al final se impuso la posición de facilitarle las cosas a Moreno y cerrar la cuestión.
La dupla Lopetegui-Quintana, de amplia experiencia en los mercados, conoce al dedillo las implicancias de la cuestión. Estuvieron acompañados por buena parte del equipo económico, entre ellos el Ministerio de Finanzas.
El juez Canicoba Corral -antes cuestionado por la Casa Rosada, pero ya no- supo leer la inquietud política.
Esta semana Moreno (que compitió en las primarias y no logró el piso para las elecciones de octubre) protagonizó una desopilante indagatoria y la decisión final sería tomada a la brevedad. Antes se espera un dictamen final del fiscal Carlos Stornelli.
La cuestión es delicada, porque ocurre en medio de la campaña electoral.
Ayer el Gobierno recibió el espaldarazo del Council of the Americas.
Susan Segal, su titular, no ahorró elogios para la Casa Rosada: habló del impactante aval político que obtuvo la gestión Macri. Segal es una mujer influyente. Fue un soporte clave también para su entonces “amiga” Cristina. Sus palabras compensaron una semana de enfrentamientos con los dirigentes sindicales.
La guerra surgió después del frustrado encuentro secreto que mantuvieron 4 funcionarios y otros tantos líderes gremiales.
Estuvieron Rogelio Frigerio (Interior), Jorge Triaca (Trabajo), José Aranguren (Energía) y Quintana. Ocurrió en el sindicato petrolero y todo se desató cuando el subjefe de Gabinete intentó mimetizarse: “Yo tengo un origen humilde como ustedes, viví mi infancia en Mataderos ”.
José Lingeri, de Obras Sanitarias, reflexionó: “Mario: acá ya no hay nadie pobre”.
Hubo un pedido de frenar la marcha. Hugo Moyano cortó todo: “No pidan lo que no podemos dar. Nos vamos a oponer a la ley de flexibilización laboral”.
(*) Columna de Marcelo Bonellli publicada en el Diario Clarín.
