Nunca se implementó como se pretendía.
Por Roberto Pico
A fines de 2016 se convirtió en ley el “Impuesto al Juego”, cuya recaudación iba a ser destinada a compensar los ingresos fiscales que se perderían por la suba del mínimo imponible del impuesto a las Ganancias de la 4ª categoría. Dos años después su aporte es mínimo.
La norma preveía elevar la alícuota sobre “cada apuesta” en una máquina tragamoneda de 0,75% a 0,95% y, lo más trascendente, creaba un impuesto “a las apuestas on line”, que en ese momento… no existían porque justamente en la Argentina están prohibidas. O sea, “un impuesto a la nada”.
Desde que se promulgó la ley pasaron varios meses hasta que la AFIP pudo reglamentarla, por una simple razón: no había forma de controlar cada dedazo de un apostador sobre la tecla de un slot machine.
Por aquellos tiempos, mandaba en la AFIP, Alberto Abad, quien ante las consultas aseguraba que todos los casinos y casas de bingos del país estaban “conectados on line” y que más temprano que tarde se contaría con la información para comenzar con la recaudación.
Los días y los meses fueron corriendo y “la conexión” nunca se estableció. Resignados los funcionarios de AFIP, modificaron la aplicación de la alícuota y en lugar de verificar “clicks” establecieron que el pago se hiciera contra una declaración jurada confeccionada por los mismos dueños de las casas de juego. Incomprobable.
La segunda parte de la ley imponía un impuesto a las apuestas on line. Los legisladores avanzaron en esa iniciativa pese a que en la Argentina ese tipo de jugada no está permitida por no haber legislación al respecto.
Aducían que sobre lo que ya existía –apuestas con tarjetas de crédito en páginas del exterior- podía concretarse la aplicación –algo similar a lo que luego se hizo sobre Netflix y Spotify- Pero acto seguido arreciaron las denuncias ante la Justicia para que los “ID” nacionales no puedan acceder a esa oferta.
Distintos fiscales, especialmente de la Ciudad de Buenos Aires, libraron oficios en ese sentido. Hoy, quienes pretendan registrarse por ejemplo en Bet365, no pueden visualizar la página, y los que busquen en Betwin ni siquiera encuentran la opción de “Argentina” en la lista de orígenes.
Así, el impuesto quedó sin universo de aplicación y el Estado nunca recuperó los fondos que cedió por la suba del impuesto a las ganancias para los asalariados.
La implementación de las apuestas deportivas es un negocio millonario que por motivos inescrutables aún no se implementó en la Argentina. En realidad, en Misiones y Tucumán hay casas que sólo admiten clientes de su jurisdicción, manteniendo bloqueado todo el mundo exterior.
Luego de los esfuerzos realizados años atrás cuando Julio Grondona presidía la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), en la Ciudad de Buenos Aires hubo un par de intentos que no prendieron, principalmente porque detrás está la sombra del empresario del juego Cristobal López, y el operador de bingos Daniel Angelici.
Pero el avance tecnológico y la masividad que tienen este tipo de apuestas son incontenibles. Quienes quieren jugar a un partido de tenis o a que equipo tira el tercero corner entre Aldosivi-Mitre de Bahía Blanca encuentran la salida en el juego clandestino, que monta su andamiaje a partir de los dividendos que ofrecen las “prestigiosas” casas internacionales.
Será por eso que ya hubo dos senadores de Cambiemos que en la provincia de Buenos Aires advirtieron que “será inevitable” la discusión del juego on line en el corto plazo. Fue en ocasión de debatir una modificación de la Ley del Turf, en cuyo texto se cruzaban propuestas contrapuestas justamente con apuestas vía internet.
Tal vez, cuando el tiempo político/empresario lo permita el Estado en su conjunto podrá debatir una ley cuya discusión tiene aristas similares a la aplicación UBER. ¿Se puede frenar el avance tecnológico? Es indiscutible que no.
Si se habla de futuro y modernización es incongruente ser selectivo.
