Luego de varios cruces, la medida impulsada por los referentes kirchneristas Carlos Heller y Máximo Kirchner entre en vigencia tras publicación en el Boletín Oficial. Los empresarios no descartan una rebelión fiscal.
Este 29 de enero, comenzó a regir la nueva ley de Aporte Solidario y Extraordinario con el objetivo de morigerar los efectos de la pandemia (ley 27605/2020) -conocida también como aporte de las grandes fortunas- y tendrá a 12.000 contribuyentes en el centro de la escena tras haber declarado patrimonios por más de 200 millones de pesos.
Según se detalló en el Boletín Oficial presenta una ley «con carácter de emergencia y por única vez, un aporte extraordinario y obligatorio que recae sobre las personas humanas y sucesiones indivisas, residentes en el país y en el exterior, cuyo valor total de bienes esté por encima del monto que allí se especifica». La misma se concretó a través del decreto 42/2021, tiene 12 artículos y lleva las firmas del presidente de la Nación, Alberto Fernández, el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro de Economía, Martín Guzmán.
El impuesto a las grandes fortunas e sancionó en el Congreso el 4 de diciembre último y se promulgó el 18 del mismo mes, siendo una normativa impulsada por el titular de la comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, Carlos Heller (FdT-CABA), y el jefe del bloque del FdT en Diputados, Máximo Kirchner.
La misma establece un aporte por única vez de una tasa del 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado en el impuesto a las Bienes Personales más de 200 millones de pesos. Sin embargo, a medida que va superando ciertos límites, el interés aumenta hasta llegar a un 3,5% en el caso de los que superen los $3.000 millones.
Será de 2,25% para quienes se encuentren entre los $300 y los $400 millones; del 2,50% para aquellos que tengan entre $400 y $600 millones; 2,75%, para aquellos patrimonios entre $600 y $800 millones; 3% en el caso de las fortunas entre los $800 y $1.500 millones; 3,25% para quienes tengan entre $1.500 y 3.000 millones; y 3,5% para los que lo superen.
En el Boletín también se informa sobre el destino de los fondos recaudados: un 25% será para exploración, desarrollo y producción de gas natural; 20% para equipamientos de salud para enfrentar la pandemia; 20% para apoyar a empresas Pymes; 20% para financiar las becas Progresar a jóvenes estudiantes; y el 15% restante se utilizará para la urbanización de barrios populares mediante cooperativas.
Entre dos de las regulaciones que deberán ser tenidas en cuenta apare que las actividades cuyos ingresos no provengan en un porcentaje superior al 50% de rentas pasivas, no podrán definirse como «activos financieros». Para esto, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se encargará de «instrumentar los regímenes de información a los fines de recabar datos» evitando la evasión fiscal.
En cuanto a la recepción de la ley, diferentes empresarios con grandes patrimonios que quedarán en la base imponible de esta aporte por única vez amenazaron con iniciar una «rebelión fiscal» contra una medida que ha sido rechazada por diferentes sectores de la oposición, así como también con un fuerte impulso de los medios de comunicación.
