Pablo Lavigne, secretario de Comercio, ha tomado la decisión de fortalecer la ‘libertad de mercados’, fomentando la interacción natural entre la oferta y la demanda como un enfoque para organizar y revitalizar la economía.
La Secretaría de Comercio, liderada por Pablo Lavigne, revocó diversas resoluciones destinadas a implementar regímenes de control de precios, abastecimiento y requerimientos de información desde 1998 hasta 2023.
En la Resolución 51/2024, Lavigne argumentó que “en atención al cambio de autoridades recientemente acaecido en todos los planos de la Administración Pública Nacional, y las nuevas políticas públicas delineadas a efectos de un reordenamiento integral de la economía en general y de la reformulación de muchos de los regímenes jurídicos existentes relacionados, esbozados tanto en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70 de fecha 20 de diciembre de 2023 como en el proyecto de ley denominado ‘BASES Y PUNTOS DE PARTIDA PARA LA LIBERTAD DE LOS ARGENTINOS’, dijo el escrito.
Y añadió: “Deviene pertinente proceder a una revisión integral de toda la normativa reglamentaria y complementaria dictada en el ámbito de esta Autoridad de Aplicación”.
Estas normas se relacionan con “las previsiones de las Leyes Números 19.511 (LEY DE METROLOGIA), 20.680 (Abastecimiento), 22.802 (Lealtad Comercial), 24.240 (Defensa del Consumidor), 25.065 (Tarjetas de crédito), 25.542 (Ley de libros), , 26.682 (Regulación de la medicina prepaga), 26.992 (Observatorio de precios), 26.993 (Conciliación), 27.521 (Ley de talles), 27.545 (Ley de góndolas) y el Decreto N° 274 de fecha 17 de abril de 2019″.
La resolución menciona que en la ley Bases “se hace referencia concreta a que resulta necesario la profundización de la libertad de mercados, impulsando la interacción espontánea de la oferta y de la demanda como modo de ordenamiento y reactivación de la economía, facilitando el funcionamiento de los mercados y el comercio interno y externo, promoviendo la desregulación de los mercados y la simplificación regulatoria”.
Además, debe tenerse en cuenta “la reconsideración de las funciones del Estado en los distintos sectores de la sociedad, a la luz de los avances y la expansión que han tenido las mismas sobre la libertad de las personas y de las empresas que interactúan en su quehacer diario y empresarial respectivos procurando que las mismas se concentren en aquellos sectores esenciales de la sociedad, siendo ejercidas de la manera más eficiente posible”.
