VILLA MASCARDI – Los aborígenes habían negociado con el magistrado Villanueva que permitirían que se hagan los peritajes en las tierras tomadas, pero no lo hicieron. Crece la tensión tras la muerte de un joven protestante el sábado pasado en un tiroteo con Prefectura.
Siguen las repercusiones de la muerte de de Rafael Nahuel, el joven mapuche que recibió un disparo de la Prefectura luego de que los protestantes comenzaran el tiroteo en el predio -que mantienen tomado- en Villa Mascardi.
El Gobierno no tiene dudas del accionar de la fuerza y respaldó el procedimiento de desalojo que se efectuó el pasado sábado. Sin embargo en la última cumbre del gabinete se volcaron fuertes críticas al juez Federal Gustavo Villanueva, quien está a cargo del caso, por aceptar las condiciones que le imponía la comunidad Lafken Winkul Mapu para llevar a cabo los peritajes correspondientes de la zona.
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich había llegado a la reunión alarmada tras enterarse de la mesa de diálogo entre Villanueva con los 20 mapuches que se refugiaron en la montaña. Tal fue así, que los manifestantes aborígenes no cumplieron con la promesa de entregarse para ser imputados por el delito de usurpación, ni permitieron el ingreso de las fuerzas para preservar la escena del hecho.
Este mismo juez es el que debe definir la extradición a Chile de Facundo Jones Huala, el líder de Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) acusado de terrorismo en ese país.
En la conferencia que brindó este lunes Bullrich junto a su par de Justicia, Germán Garavano, insistió con las trabas que tuvo la fuerza y la Justicia para ingresar al territorio: «Las armas aún están ahí, o ya las sacaron, porque no se pudo entrar y la patrulla de Prefectura, cuando quiso entrar al lugar, fue desarmada», dijo.
