La Justicia Federal investiga a dirigentes y militantes piqueteros acusados de extorsionar a beneficiarios de planes sociales para que vayan a manifestaciones y vendan productos distribuidos por el ex Ministerio de Desarrollo Social.
Según informó Infobae, la causa se basa en denuncias realizadas a la línea 134 habilitada por el Gobierno. Fuentes judiciales detallaron que existen 27 ordenes de allanamientos y detenciones preventivas para que brinden declaración indagatoria.
Asimismo, explicaron que las investigaciones judiciales se dieron tras una presentación del Ministerio de Seguridad. Entre los acusados figuran, entre otros, Jeremías Canteros, Elizabeth Palma y otros tres dirigentes de apellidos Puppo, Delgado y Vásquez, que integran el Polo Obrero y otros grupos piqueteros que administraban comedores populares.
La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal dejó firme el pedido. La acusaciones sostiene que los piqueteros apuntados “habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’, conformando un total de 924 casos”.
De acuerdo con la instrucción del caso, que estuvo a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, “se encontraban reunidos los elementos de convicción suficientes para convocar a 28 personas y efectuar 27 allanamientos -pertenecientes a domicilios particulares de los requeridos; sedes de comedores populares: Rivadavia I, La Carbonilla, Mariano Ferreyra, Kuña Guapa y Caminos de Tiza, depósitos, oficinas, locales de organizaciones sociales y cooperativas vinculadas- todo ello a fin de proceder a la aprehensión de los imputados para garantizar su comparecencia, secuestrar el producto del delito y recolectar elementos probatorios tales como planillas de asistencias a las movilizaciones o dispositivos celulares”.
“De las intervenciones efectuadas se desprendía que las actividades de los imputados se orientaron a su vez a canalizar los fondos ilícitos provenientes de las extorsiones a través de “cooperativas”, desconociéndose el destino final de ese dinero, razón por la cual solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de las 28 personas requeridas a efectos de contar con un panorama global de sus patrimonios, para así determinar si obtuvieron un rédito económico como resultado de los hechos de coacción y extorsión investigados”, estableció la decisión que firmó la semana pasada la Sala I de la Cámara.
Para el tribunal, “reviste particular importancia lograr el secuestro de los dispositivos electrónicos que les pertenecen a los imputados, ya que la mayoría de las exigencias coactivas y extorsivas eran transmitidas por allí, así como también planillas o cuadernos de asistencia o de registro de pagos; documentación vinculada a planes sociales, al funcionamiento de cada Unidad de Certificación o con personas jurídicas que funcionen como cooperativas o asociaciones civiles; comprobantes de pago de cápitas, cuotas, alquileres o mercadería; tarjetas bancarias o comprobantes de extracción de dinero en efectivo”.
Fuente: Infobae
