El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, asegura que Nación continúa recaudando impuestos sobre las actividades del municipio, pese a retirar sus inversiones el territorio.
El municipio de Avellaneda, a cargo de Jorge Ferraresi, denunció que el gobierno de Javier Milei retiene recursos recaudados a nivel local sin devolverlos, afectando directamente la ejecución de políticas públicas esenciales en la ciudad.
Según informó la gestión municipal de Jorge Ferraresi, en enero se destinaron $1.580 millones de recursos propios para sostener obras públicas, asistencia social, atención alimentaria, insumos médicos y programas de discapacidad, áreas que han sufrido recortes por parte del gobierno nacional.
Desde la administración de Avellaneda sostienen que, a pesar del retiro de la inversión nacional en el territorio, el gobierno central continúa recaudando impuestos sobre esas mismas actividades, sin reintegrarlos al municipio.
“Dicho de otra manera, el Estado Nacional dejó de invertir en las comunidades locales, pero recibe ingresos por el esfuerzo que hacemos todos los avellanedenses”, señaló Ferraresi.
Caputo se lleva la plata de los municipios pero no la devuelve
Por el abandono de muchas políticas públicas que ha llevado a cabo el gobierno de @JMilei, desde @gestion_a nos hicimos cargo de sostener en Avellaneda la obra pública, las políticas de asistencia social,…
— Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) February 24, 2025
Para ejemplificar el impacto de estos fondos retenidos, señalaron que $1.580 millones equivalen a la construcción de tres nuevos jardines maternales, recursos que podrían haber destinado también a educación, salud, seguridad o producción.
Ante esta situación, el municipio adelantó que solicitará la eximición del pago de impuestos municipales sobre la obra pública y las políticas sociales, en un intento por aliviar la carga económica y continuar con la prestación de estos servicios esenciales.
“Estamos convencidos de que hemos sido elegidos por nuestra comunidad para llevar adelante un modelo de Estado diferente, que esté presente y sea cercano a su pueblo”, remarcó Ferraresi, marcando una clara diferencia con el enfoque de ajuste fiscal impulsado por el gobierno nacional.
El reclamo de Avellaneda se suma a las críticas de otros municipios y gobernadores que han denunciado una disminución en las transferencias de fondos nacionales, en el marco de la política de ajuste implementada por el ministro de Economía, Luis Caputo.
La Justicia falló a favor de Caputo
El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, a cargo del juez Oscar Alberto Papavero, desestimó un amparo presentado por el municipio de Tigre, que buscaba declarar inconstitucional la Resolución 267/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía.
La resolución prohíbe incluir en las facturas de luz y gas los cargos correspondientes a tasas municipales. El fallo, que marca un giro favorable para el ministro Luis Caputo, se emite tras una serie de reveses en tribunales para el Gobierno nacional.
El municipio de Tigre había solicitado que se mantuvieran los cobros de la Tasa de Alumbrado en la factura de luz de Edenor y la Contribución Especial por el uso de la red de gas natural, a través de la factura de Naturgy BAN S.A.. La resolución 267/2024 había determinado que estos cargos no podían ser incluidos en las facturas emitidas por las distribuidoras de servicios públicos, un planteo que había sido cuestionado por varios intendentes bonaerenses.
La Justicia consideró que la resolución no resultaba arbitraria ni ilegal. Según el fallo, la medida tomada por la Secretaría de Industria y Comercio fue emitida por una autoridad competente en el marco de sus atribuciones. Además, el juez Papavero destacó que no se demostró que la medida lesionara los derechos del municipio ni que se tratara de un desconocimiento de su potestad tributaria.
En el mismo sentido, el juez resolvió que los municipios podrán encontrar mecanismos alternativos para la recaudación de tasas municipales. En su fallo, Papavero indicó que los municipios debían tomar las precauciones necesarias para no afectar los derechos de los consumidores.
