“No vamos a permitir que gobiernen por decreto»,se expresó el bloque encabezado por su presidenta Graciela Camaño, acusando a la administración de Mauricio Macri de alterar las reglas de Estado de Derecho. El último DNU firmado a comienzos de enero le adjudica al Poder Ejecutivo facultades que «avasallan las atribuciones del Congreso de la Nación», sostiene el comunicado.
El espacio del Frente Renovador presentó una acción declarativa por inconstitucionalidad del DNU firmado por el Gobierno en los primeros días de enero, el cual contiene más de 190 medidas que apuntan a reformar el Estado, «adjudicándole al Poder Ejecutivo facultades que avasallan las atribuciones del Congreso de la Nación, alterando las reglas del Estado de Derecho y la división de poderes que caracterizan al modelo republicano».
La presidenta del bloque, Graciela Camaño, y los diputados José Ignacio de Mendiguren, Alejandro Grandinetti, Daniel Arroyo, Raúl Pérez, Marco Lavagna y Carla Pitiot, se acercaron al Palacio de Justicia con el objetivo de denunciar dicho Decreto de Necesidad y Urgencia N°27/18 firmado por el propio Mauricio Macri el día 10 de enero y publicado en el Boletín Oficial un día después.
«Estamos iniciando una acción declarativa de inconstitucionalidad por el decreto 27, fijado el 10 de enero por parte del Poder Ejecutivo. Estoy haciendo lo mismo que en enero 2010, cuando el kirchnerismo, con la excusa del bicentenario, pretendió modificar la ley del Banco Central por DNU. Y realmente lamento que hombres y mujeres, que hoy son del oficialismo y buscan la República cuestionando estos instrumentos del kirchnerismo, hoy no nos estén acompañando. Nosotros tenemos coherencia”, advirtió Camaño.
Con respecto al DNU, cuestionó: “Es inconstitucional porque no hay necesidad ni urgencia. Esto tranquilamente se puede tratar por las vías de la ley, que es la discusión parlamentaria, que es la más rica. El Congreso funciona, se puede debatir y ganar o perder una discusión, pero de golpe nos encontramos con una ley que modifica leyes, deroga otras, elimina normas. Una preocupación grande porque se embarguen los sueldos de los trabajadores, no solo sobre pedidos de créditos, sino sobre boletas de servicio. El Poder Ejecutivo está especulando al máximo con el DNU. En su propia redacción establece que al momento de la publicación entra en vigencia, que sería el 11 de enero. Ya se están instrumentando acciones con un decreto que es ilegal”.
Otros que pusieron el grito en el cielo fueron los diputados Daniel Arroyo y de Mendiguren. El primero aseguró que «esto es un retroceso para la democracia, ya que se permite embargar la cuenta a sueldo y que se utilicen fondos del ANSES de manera que beneficia al sector privado. En tanto, su colega indicó que «en el tema productivo, este decreto impacta en forma directa en el nivel de actividad de la pequeña y mediana empresa”.
Por último, Marco Lavagna sostuvo: “Pedimos la nulidad del DNU 27 porque creemos que es un retroceso para la República, un retroceso del ejecutivo que abusa de la utilización de los decretos. Los cuestionamos durante el kirchnerismo y lo hacemos durante este Gobierno. La medida afecta normativas aplicadas para empresas que incumplen con la legislación laboral, reduce las multas de infracciones laborales a las empresas, y facilita los embargos comerciales de la cuenta sueldos de los trabajadores”.
A partir de este DNU, los Bancos podrán embargar la cuenta sueldo para cobrar préstamos, dejando atrás la Ley del Contrato de Trabajo de 2016 que establecía que los embargos sobre los salarios debían reclamarse al empleador para que hiciera las retenciones, es decir que los Bancos no podían aplicarlos directamente sobre las cuentas sueldo. A partir de ahora, el monto que se podrá embargar será el equivalente a tres veces el salario promedio recibido por el trabajador en los últimos seis meses. Por ejemplo, si un trabajador cobra un salario de $30.000, el embargo se aplicaría a partir de lo que exceda los $90.000.
Además, habilitan que el fondo con que se financia el sistema previsional realice inversiones financieras, es decir que permite al Fondo de Garantías y Sustentabilidad del ANSES atribuciones para crear fideicomisos financieros y operar con instrumentos dentro del mercado financiero.
Con el objetivo de agilizar licitaciones de obras públicas, los llamados ya no tendrán que publicarse en los boletines de los distritos afectados, en tanto que se reducen de 10 a 5 días de anticipación para publicar licitaciones de hasta $100 millones, reduciendo la posibilidad de sumar oferentes.
