Si bien el ministro de Salud, Ginés Gonzlález García, había confirmado a diputados oficialistas la intención de avanzar con un DNU al respecto, tras la reunión que el funcionario mantuvo con representantes de clínicas privadas se decidió dar marcha atrás en el proyecto.
El gobierno nacional definió este jueves dar marcha atrás con el plan para controlar, por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) a las clínicas privadas de todo el país en medio de la pandemia de coronavirus.
Si bien el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, había confirmado ayer a varios diputados del espacio oficialista que estaba preparando el proyecto para disponer como de ‘interés público’ a todos los recursos sanitarios del país, tras la reunión que el funcionario mantuvo este mediodía con representantes de sanatorios y clínicas privadas, diversos medios nacionales advirtieron que ante el rechazo general a la medida, se buscaría llegar a un consenso al respecto.
Según explicó Clarín, durante el encuentro en el que participaron José Cherro, de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Adecra); Luis María de Grossi, miembro de la Asociación de Entidades de Medicina Privada (Ademp); José Sánchez, de la Federación de las Cámaras de Emergencia; y Gabriel Bargaballo, gerente de OSDE, los representantes de la Salud manifestaron su descontento con el supuesto DNU que preparaba el gobierno, y advirtieron que podrían presentar recursos de amparo en su contra en caso de que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, confirmara el decreto.
Además, explicó el medio, desde el sector empresario manifestaron que “ya comenzamos a tener consultas en las instituciones de afiliados que quieren saber si podemos asegurarles la prestación del sistema por el que han pagado. Quieren saber si en caso de necesitar cobertura de salud, aun con otras afecciones distintas al coronavirus, podremos asegurarles que tendrán disponibilidad de camas y recursos”.
Ginés González García, por su parte, manifestó al salir de la reunión: «Queremos estimular la coordinación en todas las jurisdicciones entre lo público y lo privado para que las decisiones tengan un fin público en el marco de esta emergencia».
