El ex funcionario macrista está acusado en la Justicia de integrar una asociación ilícita para perseguir empresarios. “Esta campaña de difamación se convierte en una campaña de odio y hostigamiento”, sostuvo en un escrito.
Uno de los principales investigados por la presunta “mesa judicial” es Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. Fue uno de los operadores judiciales del macrismo, en donde, según lo acusa la justicia, usaba ese poder para integrar una asociación ilícita y presionar a empresarios. Según el ex funcionario, es todo parte de una “persecución” por lo que pidió asilo como “refugiado” en Uruguay.
Para Rodríguez Simón, “ya existe la decisión previa de privarme de mi libertad en cuanto regrese al país”. El ex funcionario había viajado a Uruguay autorizado por la propia justicia argentina que lo investiga.
“Esta campaña de difamación se convierte en una campaña de odio y hostigamiento en las redes sociales que me lleva a temer, además de por mi libertad, por mi seguridad personal si regreso a la Argentina”, indicó el ex representante de Argentina en el ParlaSur.
“Pedí asilo como refugiado político en Uruguay, país en el que me encuentro, en los términos de la Convención de Ginebra de 1951 y otras normas internacionales complementarias. Esto implica que no voy a volver a la Argentina hasta que cese la persecución en mi contra. Tengo temores fundados de que si lo hiciera sería privado indebidamente de mi libertad, con peligro para mi seguridad personal, en el marco de causas judiciales amañadas como pretexto para encarcelarme”, explicó Rodríguez Simón en el texto.
El ex director de YPF fue citado por la jueza María Servini a prestar declaración indagatoria en la causa que investiga si existieron presiones sobre Cristóbal López y Fabián De Sousa, accionistas mayoritarios del Grupo Indalo, para que cambien la línea editorial de los medios.
En la causa que se lo investiga, el ex funcionario quedó en el ojo de la tormenta luego de que se detectaran que mantuvo más de 700 comunicaciones con el Gobierno de la Ciudad y más de 400 con la Secretaría General de la Presidencia. Además, la justicia podría declararlo en rebeldía por negarse a la indagatoria.
