En la causa se denunció la contratación de una empresa que era de propiedad de un funcionario de aquella compañía. El juez Ercolini ordenó embargos sobre los bienes de los imputados por sumas de hasta un millón de pesos cada uno.
El juez federal Julián Ercolini procesó a ex autoridades de ENARSA por el delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública. Además, el magistrado ordenó trabar embargos sobre los bienes de los imputados hasta cubrir la suma de $1 millón, según lo informó el Centro de Información Judicial (CIJ).
Los procesados son Claudio Miguel Fernández, Exequiel Espinosa, Raúl Alberto Argañaraz, Ernesto Gabriel Mazzola, Juan Carlos Teso, Marcela Alejandra Tagle, Rodrigo Maximiliano Palacios, Paula Gabriela Merlo y Juan Fernando Giovachini.
Según una denuncia de la Oficina Anticorrupción efectuada en noviembre de 2012, el área de Logística y Comercialización de Combustibles a cargo de la ingeniera Marcela Tagle contrató a la empresa P&D Control Group SRL, para la prestación de servicios de control de combustibles.
La firma era propiedad de uno de los imputados y funcionario de ENARSA en ese momento, Claudio Miguel Fernández, y de su esposa Paula Gabriela Merlo. Este ex empleado de la compañía con mayoría accionaria del Estado nacional, creada por Néstor Kirchner, adjudicaba a su propia empresa los trabajos de inspección en las plantas de Campana y de Dock Sud.
Según constató Infobae, el circuito fraudulento se completaba, según la OA, con el pago de “honorarios” a la ingeniera Tagle y a Rodrigo Palacios, otro ex funcionario, para que le aseguraran la exclusividad de las contrataciones de ENARSA a P&D, la empresa de Fernández.
En su resolución, el juez Ercolini sostuvo, “los funcionarios involucrados conocieron todos y cada uno de los elementos del tipo objetivo, sabían el lugar que ocupaban y que con su accionar, que resultaba violatorio de los deberes a su cargo, perjudicarían los intereses de ENARSA, conducta que llevaron a cabo con el fin de procurarle un lucro indebido a P&D Control Group S.R.L.”.
