El exministro de Agroindustria sostuvo que el magistrado «no solo rechazó nuestro pedido sino que el de los dos fiscales que habían decidido el desalojo» y agregó: «Es insólito, nos manda a callar porque dice que ofendemos a los usurpadores».
Este viernes, el juez subrogante de La Paz, Entre Ríos, Raúl Flores, no hizo lugar al pedido de desalojo de Dolores Etchevehere y los miembros del Proyecto Artigas de la Estancia Casa Nueva, tal como habían solicitado los hermanos de la mujer, Sebastián, Juan Diego y Luis Miguel, a través de un pedido los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa y la querella representada por Rubén Pagliotto.
Sobre la decisión del juez, el exministro de Agroindustria en la gestión anterior, Luis Miguel Etchevehere, dijo en una nota con Sábado Tempranísmo por radio Mitre, «el fallo del juez Flores es un abuso y una aberración jurídica» y agregó ofuscado: «Es insólito, nos manda a callar porque dice que ofendemos a los usurpadores».
«El juez dijo que no conoce la ley y nos pidió seguir dialogando. Es muy grave lo que sucede», afirmó el empresario agropecuario.
Y agregó: «Si es un tema familiar como dice el juez, que hacen 100 tipos durmiendo en mi casa siendo además empleados del Estado. Y que hace la policía que no nos permite entrar»
«Mi hermana hace dos años no es socia, que sea una hermana es una agravante porque es abuso de confianza», sentenció el extitular de la Sociedad Rural.
Etchevehere aseguró que su hermana y el líder de la CTEP, Juan Grabois forman parte de «una asociación ilícita pesada» y agregó: «Hay delincuentes usurpando un campo en Entre Ríos».
La decisión de su hermana, Dolores, de autorizar la realización de un proyecto de agroecología en un campo familiar es parte de un «negocio» del referente social Juan Grabois para quedarse «a cambio con un 40 por ciento» de la propiedad ubicada en Entre Ríos, sostuvo.
«La cuestión de fondo es que acá un estudio de abogados presta una fuerza de choque, mete 40 tipos en un campo, tiene la Justicia a favor, los funcionarios nacionales a favor, complicidad del Gobierno nacional y Gobierno provincial, a cambio de un 40 por ciento: ése es el negocio de Grabois», sostuvo.
Por último Etchevehere cuestionó la participación de directora nacional para la Promoción y el Fortalecimiento para el Acceso a Justicia, Gabriela Carpinetti y la integrante del Cuerpo de Abogados del Ministerio de Justicia, Daniela Verón, en la cita judicial ante el juez Raúl Flores. «Hay que tener poder para meterse en los Tribunales con semejante nivel de impunidad», señaló.
