El conflicto laboral paraliza la flota langostinera y pone en jaque exportaciones millonarias.
La pesca argentina atraviesa su crisis más grave en décadas. Desde marzo, los 113 buques congeladores que conforman el corazón de la flota langostinera permanecen amarrados en puertos como Mar del Plata, Puerto Madryn, Puerto Deseado y Ushuaia. Más de 5.000 trabajadores están sin actividad y el país ya perdió más de 40.000 toneladas de captura, lo que representa ingresos no percibidos por más de 200 millones de dólares.
En Sábado Tempranísimo, Eduardo Boeiro, presidente de la Cámara de Armadores de Buques Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca), aseguró que la situación es consecuencia directa de un modelo económico insostenible y de un esquema laboral que ya no refleja la realidad del mercado: “El langostino argentino compite hoy con el camarón de cultivo, que se produce a gran escala en el mundo —más de seis millones de toneladas— a costos mucho más bajos. Nuestro producto es salvaje y de altísima calidad, pero ya no vale 10 o 12 dólares el kilo, sino menos de 5,50. Con el convenio vigente, es inviable seguir saliendo a pescar”.
El conflicto central radica en la fórmula de distribución de ingresos a bordo: los tripulantes reciben una parte en pesos fijos y otra en dólares, atada al valor de producción. “Ese valor fue pensado para otro contexto, para un langostino que ya no existe en términos de precio”, sostuvo Boeiro. Según explicó, las empresas ya acumularon pérdidas durante todo el 2024 y desde hace meses intentan negociar con los gremios la actualización de esas cláusulas, sin éxito.
La temporada del crustáceo comenzó oficialmente, pero la actividad está completamente frenada. Todo el producto se exporta y tiene como destino mercados clave como Europa, China, Japón y Estados Unidos. “Se está poniendo en riesgo una industria que genera 600 millones de dólares por año, más de una cuarta parte del total de las exportaciones pesqueras del país”, advirtió el titular de Capeca.
Boeiro fue categórico: “El único problema que hay que resolver es el del valor de referencia en un convenio. La pregunta es si se pueden modificar las reglas para que la actividad no desaparezca”.
