La iniciativa es llevada adelante por el Ministerio de Desarrollo Social. Se propondrá expropiar las tierras y avanzar en acuerdos para que los habitantes puedan convertirse en propietarios.
El trabajo realizando en conjunto desde 2016 entre el Gobierno nacional, movimientos barriales y distintas ONG’s derribó en un proyecto de Ley para la “integración urbana y regularización de los barrios populares”.
De esta manera, el objetivo es urbanizar las 4.228 villas que hay en todo el país y donde viven aproximadamente 3.5 millones de personas.
La iniciativa propone que se declare la “utilidad pública” de los terrenos en los que se encuentran los asentamientos, y se expropien los inmuebles que componen el Registro Nacional de Barrios Populares, creado por decreto del Ejecutivo el año pasado, para poder avanzar en acuerdos con los habitantes a fin de que se conviertan en propietarios.
El Ejecutivo elevará al Congreso el proyecto y avanzará con acuerdos para que sus habitantes se conviertan en propietarios.
Además, el proyecto encabezado por el Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Carolina Stanley, dispone la creación de un fideicomiso y se suspende los desalojos por dos años.
De acuerdo a un relevamiento, el 93.18% no cuenta con acceso de agua potable, el 98.81% no cuenta con acceso a cloacas, el 70.69% no alcanza con acceso a energía eléctrica y el 98.49% no cuenta con acceso a la red de Gas Natural.
De acuerdo a ellos, el vocero del relevamiento nacional de barrios populares Ignacio Rico afirmó que “éste fue el puntapié para que esta ley se ponga en marcha. Fue un trabajo de hormiga y un paso importantísimo; pero la situación de precariedad y marginalidad de quienes viven en los barrios populares no puede admitir más dilaciones”.
