Un aumento mayor implicaría ampliar el presupuesto de Desarrollo Social, ya que el sueldo básico es referencia para los planes. La CGT y la CTA piden un alza de 90%.
Por Jaime Rosemberg para La Nación.
Las limitaciones presupuestarias, expuestas dentro del gabinete por el ministro de Economía, Sergio Massa, bajo el concepto de “techo al gasto”, condicionan la propuesta que el Gobierno está dispuesto a avalar en la discusión que se retomará el lunes entre empresarios y sindicalistas en torno al ajuste del salario mínimo vital y móvil, que actualmente es de $47.850. Se preveía llegar a ese monto a fin de año, pero se actualizó el mes en curso por la suba de los precios. Hasta ahora tuvo un alza de 45 por ciento.
Por eso, más allá de los pedidos de sindicalistas afines al Gobierno y las manifestaciones que hoy llevan a la calle sindicatos oficialistas y opositores, el Poder Ejecutivo estaría dispuesto a avalar una suba de no más del 70 por ciento anual, tomando en cuenta el aumento ya adelantado de 45%. “Los planes sociales aumentan de acuerdo al incremento del salario mínimo vital y móvil. Puede haber una suba, siempre y cuando no afecte el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social”, explicaron a LA NACION desde el Ministerio de Trabajo que encabeza Claudio Moroni.
Fuentes oficiales arriesgaron que el aumento adicional que aceptaría el Gobierno en la reunión del Consejo del Salario estaría en alrededor de un 20% (en cuotas) del salario mínimo, que actualmente alcanza $47.850 para una persona soltera sin familiares a cargo. En tanto, el Ministerio de Desarrollo Social, que encabeza Juan Zabaleta, administra 1,3 millones planes Potenciar, cuyo beneficiarios perciben por ley $23.925, es decir la mitad del salario mínimo.
La cifra final de incremento-que arañaría el 70 por ciento si se le suma el 45 por ciento ya otorgado y otro 3 por ciento residual del año pasado- es menor al 80 por ciento, que es el porcentaje en el que se están acordando las últimas paritarias, como sucedió ayer con la del gremio petrolero de YPF, que consiguió además un bono de $100.000 en dos cuotas, una en diciembre y otra en abril del año próximo.
La definición del nuevo piso salarial impactará en unos 400.000 trabajadores fuera de convenio. Sirve como referencia para el salario inicial docente y los programas sociales, ya que el monto de un Potenciar Trabajo constituye la mitad de un salario mínimo. Además, es un indicador para el trabajo informal y para actividades que no están sindicalizadas en jornadas laborales de ocho horas.
Los gremios piden una suba de 90%
Hugo Yasky, titular de la CTA y diputado nacional del Frente de Todos, pidió una suba del salario mínimo en línea con la inflación. “Se dice que la inflación anual va a ser del 90%, por lo que vamos querer que sea unos puntos más arriba de ese porcentaje”, afirmó el sindicalista docente, quien afirmó ayer que concurrirá a la reunión del lunes “con la expectativa de ponerlo (al salario mínimo) a tono con los golpes inflacionarios que nos propinaron los formadores de precios”, según afirmó en declaraciones radiales.
“Si la canasta básica alimentaria está en $105 mil, ¿cuál debería ser el salario mínimo vital y móvil? Parémonos en un lugar cercano”, manifestó Omar Plaini, dirigente de la CGT y del gremio de los Canillitas. Llegar a esa cifra implicaría una suba anual de más de 90 por ciento.
Desde el Gobierno son tajantes en establecer límites a los incrementos. “Podemos subir el salario, pero no bajar la inflación por arte de magia. Es una pelea que depende de muchos factores”, afirmaron desde un despacho oficial, aunque destacaron que “todas las paritarias le ganan, aunque sea por poquito”, a los incrementos de precios. Y explicaron que los aumentos conseguidos en los últimos días por los gremios petroleros o aceiteros “tienen que ver con sindicatos de alta productividad que generan dólares”.
Según confirmaron desde distintos despachos oficiales, Moroni y Zabaleta vienen conversando sobre la postura oficial desde hace días. Pero la última palabra, confesaron fuentes oficiales, la tendrá el equipo de Massa, y sobre todo el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, conocedor de los vericuetos del Presupuesto y empeñado en cumplir con las metas de reducción del gasto propuestas por el nuevo ministro.
