A través de un escrito que presentó este jueves el Ministerio del Interior junto con el de Justicia, el Ejecutivo busca cambiar la opinión del máximo tribunal.
Según publica Infobae, el Gobierno ratificó su decisión de sostener el decreto que modificó la política migratoria para poder expulsar a extranjeros que cometan delitos en la Argentina al presentar ante la Corte Suprema un recurso de amparo en contra de un fallo de Cámara y calificó, así, de “constitucional” la medida adoptada por el presidente Mauricio Macri en el 2017.
Por medio de un escrito que presentó esta tarde el Ministerio del Interior junto con el Ministerio de Justicia y la Procuración Nacional el gobierno nacional cuestionó ante la Corte la sentencia dictada por la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que había objetado el decreto 70/2017.
Entre los fundamentos del escrito, Cambiemos destacó que la intervención de la Justicia en la política migratoria del Poder Ejecutivo es “además de inoportuna, ilegítima y contraria al principio de división de poderes”.
Así, el escrito avalado por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el dierctor de Migraciones, Horacio García, y el ministro de Justicia, Germán Garavano, aclara que la medida de la Sala V de la Cámara (a raíz de un amparo presentado por el CELS) en contra del decreto 70/2017 “implica una traba al justo desempeño de los otros poderes del Estado”. Y detalló que ese decreto en el que se contempló la expulsión de extranjeros que cometan delitos en la Argentina o el impedimento de ingreso a aquellos extranjeros que tengan causas penales se dictó “para garantizar la seguridad nacional y de la población”.
En los fundamentos del recurso de amparo rechazando la medida dispuesta por la Cámara Federal, el Gobierno sostuvo que hay una “arbitrariedad manifiesta de la sentencia” de los estándares constitucionales y de los derechos humanos. Es decir, que el recurso objetó el fallo que cuestiona las valoraciones que se efectúan en el decreto en cuanto a la “necesidad y urgencia”. Sucede que el Congreso, a través de la Comisión Bicameral Permanente de los DNU, no emitió aun opinión alguna al respecto.
Desde la casa Rosada señalaron que la decisión de Macri es insistir con la política migratoria de impedir que ingresen o permanezcan en el país extranjeros que cometen delitos. También aclararon que, por el contrario, en la práctica hay más casos relacionados con la radicación de extranjeros en la Argentina que de expulsiones vigentes.
En el escrito que se presentó ante la Corte para sostener el decreto 70/2017, el macrismo sostuvo que “se da fe del cumplimiento de los estándares de los derechos humanos” y se considera una medida enmarcada en el ámbito constitucional de las atribuciones propias del Poder Ejecutivo.
“El agravio inferido al Estado Nacional por la resolución cuestionada implica una clara intromisión de uno de los poderes del Estado en la esfera de otro, al declarar la inconstitucionalidad de una norma dictada por el Poder Ejecutivo en pleno uso de sus prerrogativas constitucionales, por la que se modifican ciertos aspectos de la normativa migratoria en beneficio de la seguridad de los Argentinos”, dice el escrito de tres páginas elevado a la Corte.
De esta manera, en el Gobierno ratificaron que hasta tanto se manifieste la Corte insistirán con la vigencia del decreto que modificó la política migratoria aunque evaluaron también que Macri no descarta a la vez presentar un proyecto de ley para sustentar esta iniciativa. Para ello, dijeron que se cuenta con el aval del PJ dialoguista y de los gobernadores peronistas.
