El Ministerio de Economía está elaborando un documento urticante y confidencial: un listado de todas las reuniones que, en los últimos 10 años, tuvieron funcionarios del área económica y de Planificación con delegados y operadores de la constructora brasileña Odebrecht, vinculada a hechos de corrupción en el caso conocido como Lava Jato.
El listado incluye a los ministros y secretarios que tenían sus oficinas en el histórico edificio del Palacio de Hacienda y esos encuentros fueron registrados. Calientes en sus implicancias, están siendo relevados por pedido judicial.
El listón involucra a los ministros de ambos gobiernos de Cristina Kirchner: Amado Boudou, Hernán Lorenzino, Axel Kicillof, y los principales sospechosos Julio De Vido, José López y Roberto Baratta.
También incluye a los funcionarios de los tres ministerios que ocupan esa sede en el último año desde que llegó al poder Mauricio Macri: José Aranguren, Alfonso Prat-Gay y Luis Caputo.
El requerimiento llegó hace unas jornadas a la Secretaria Legal del actual Ministerio de Hacienda. Bernardo Saravia Frías, su flamante titular, consultó a Nicolás Dujovne y el ministró autorizó la confección y entrega de toda la documentación.
Está vinculado a la investigación por la propia denuncia de Odebrecht de que en la Argentina pagó, por lo menos, 35 millones de dólares en sobornos durante el gobierno de Cristina.
El requerimiento local lo hizo la diputada Margarita Stolbizer y este reclamo también surgiría de un pedido de una ONG a la Justicia argentina. La denuncia la tiene el fiscal Carlos Stornelli.
En Tribunales existe la impresión de que el pago de ese soborno sólo forma parte de un entramado de corrupción mayor en la Argentina, vinculado a la obra pública en los últimos años.
Odebrecht obtuvo negocios muy importantes en la Argentina. Stornelli y Stolbizer se concentran en la figura de los principales operadores de la obra pública: la dupla Julio De Vido y José López.
Pero también aparecen figuras secundarias como Roberto Baratta y el empresario mediático Jorge Rodríguez, “Corcho”, un conocido operador del exministro de Planificación.
También se habla de otros intermediarios: un dirigente radical -que opera en un lujoso hotel- y dos influyentes ejecutivos.
La cuestión es sensible y el escándalo Odebrecht crece: en un plazo de dos semanas se difundirán en Brasil más datos y nombres precisos sobre Argentina.
En forma impactante, la denuncia involucró al jefe de los espías de Argentina: ayer, Gustavo Arribas intentó sin muchas pruebas defenderse en el Parlamento. Hasta ahora sólo la UIF le envió documentación al juez Rodolfo Canicoba Corral, respaldando la teoría de Arribas.
El impacto se percibió en el movimiento empresario y en especial en la Cámara de la Construcción. Ahí milita la competencia de la poderosa Odebrecht.
En la Unión Industrial también se trató informalmente el tema. Entre los empresarios se conoce una información confidencial: voceros de la constructora brasileña tomaron contacto con toda la cúpula política de Argentina.
Odebrecht trató de tranquilizar a importantes dirigentes y comunicó que sus directivos declararon en la justicia de Brasil y de EE.UU. que los fondos derivados a la Argentina fueron sólo en conceptos de “aportes políticos “ a las campañas electorales.
Odebrecht habría hecho aportes fuertes a todos los candidatos en la última campaña electoral. Se desconoce si fueron en blanco. Los principales fondos fueron para el Frente para la Victoria. Pero recibieron aportes también el PRO , el Frente Renovador y la UCR.
Hubo una sola líder política que no recibió dinero de la constructora Odebrecht: la dirigente Elisa Carrió.
En Cambiemos se conocen estos detalles. La reunión del último lunes entre el presidente y la UCR sirvió para que los principales funcionarios del Gobierno expongan un cuadro “alentador” de la economía. En la primera parte de la reunión hablaron Luis Caputo, Nicolás Dujovne, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui.
En su informe, Dujovne (de sólidos vínculos con Ernesto Sanz) dijo: “Hay signos fuertes de recuperación desde noviembre y esto se mantendrá todo el año”. El propio Mauricio Macri hizo una alusión política : “Vamos a tener que prepararnos a gobernar ocho años”.
El presidente cree en un fácil triunfo de Cambiemos en octubre. Algo similar ya le dijo a Carlos Melconian, el día que renunció al Banco Nación: “Carlos, quiero que estés cerca mío, esto es largo y vamos a tener que gobernar 8 años”. Afuera de la Casa Rosada el clima es otro. El empeño de Federico Sturzenegger de fijar un tope salarial del 17 % aumenta el conflicto social.
El presidente del BCRA se dedica a llamar a empresarios lideres y exhortarlos a que no acepten ningún reclamo sindical superior al 17%.
Les dice: “Se tienen que poner firmes. No deben ceder”. Pero la cuestión ya generó diferencias entre Quintana y Sturzenegger. El auditor le transmitió a los sindicalistas lo contrario a lo que pregona Sturzenegger: los sueldos públicos aumentarían un 17%, pero el Gobierno no impedirá aumentos mayores en las paritarias privadas.
