Apuntaron contra dos letrados para que se investigue si aportaron informes con testimonios y datos falsos que entorpecieron a la investigación
El Gobierno realizó una solicitud ante la Justicia Federal para que se investigue en profundidad el sospechoso accionar de los abogados Luis Fernando Cabaleiro y Carlos María González Quintana en el marco de la investigación por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.
En el Ejecutivo están convencidos de que ambos abogados, ofrecieron a la Justicia y organismos internacionales informes con testimonios y datos falsos que entorpecieron a la investigación. También los consideran directos responsables del documento que fue enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la ONU en el cual se aseguraba que el artesano había sido víctima de una “desaparición forzada” por parte de Gendarmería Nacional el 1 de agosto de 2017.
Para ello, presentaban los testimonios de Matías Santana y del llamado Testigo E (Lucas Naiman Pilquiman) donde estos relataban que habían visto cómo golpeaban y se llevaban al tatuador desde la orilla del río Chubut, según consigna Clarín.
El escrito presentado, lleva la firma del doctor Fernando Soto, representante legal del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich. En él, se le requiere al juez federal Gustavo Lleral que sean respondidas una serie de dudas en relación al comportamiento de los abogados.
Soto deja entender en su presentación, que es evidente la construcción de un relato por parte del abogado que prácticamente le va dictando una secuencia a Ariel Garzi (amigo de Maldonado) durante una conversación telefónica. En ese intercambio se elabora el “testimonio” del joven a dos voces.
El documento presentado ante la Justicia Federal tiene como objetivo mostrar fehacientemente que los abogados actuaron por fuera de la normativa y ética que rige la profesión, generando además gastos en millones de pesos y principalmente un grave prejuicio a la imagen internacional del país.
El ministerio busca determinar, por ejemplo, si “el Estado Argentino, en base a las medidas cautelares dictadas, debió llevar adelante acciones que hayan implicado erogaciones dinerarias”, señala el escrito.
