Quitará el viejo sistema de planillas que controlaban las organizaciones sociales y obligará a los titulares de los programas a terminar sus estudios primarios y secundarios
El Gobierno prepara cambios radicales en la política de los planes sociales, tanto en el control como en las condiciones para mantenerlos: ahora, los beneficiarios deberán ratificar la finalización de sus estudios primarios y secundarios, al tiempo que se les quitará los fondos que las organizaciones sociales reciben anualmente del Estado además de eliminar el sistema de planillas con las que estas administraban tales programas.
De esta manera, la política apuntará a que los titulares del beneficio estén comprendidos en la “Educación Formal Obligatoria”, para así lograr una contraprestación de parte de los mismos. Finalizada esta etapa, podrán especializarse en cursos de formación formal, superior y/o profesional; y talleres formativos, brindados por organismos, incluso no gubernamentales. Se convalidarán, también, los proyectos de centros que realicen prácticas, pero con alto impacto público como obras de infraestructura.
Desde el Ejecutivo argumentaron que estas modificaciones significan un «cambio de paradigma»: «De unidades productivas que hacen sillas y mesas (entre otras cosas), pasamos a uno focalizado en brindar autonomía a la persona». En este sentido, una alta fuente explicó que “la idea es empoderar a las personas, garantizando en principio que concluyan sus estudios; y, luego, que se capaciten a través de cursos y prácticas para tener más chances de insertarse en el mercado laboral”.
El plan articulado entre la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley, y el secretario de Economía Social Matías Kelly, implica además la eliminación de los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen y la creación de uno nuevo, “Hacemos Futuro”, que involucre a los beneficiarios nucleados en ambos. Apuntarán, así , a que los 261 mil beneficiarios de planes que cobran los $ 4.430 por mes que les paga el Estado realicen alguna actividad a cambio.
Por otro lado, esta medida impactará en los movimientos sociales ya que, según números oficiales, unos 60 mil inscriptos a planes sociales perteneces a alguna organización como CTEP, CCC y Barrios de Pie que están entre los 50 entes que reciben 12 mil pesos al año por cada beneficiario de un programa. Esto representa $720 millones.
Desde el Gobierno, consideraron que así «se va a invertir la carga de la prueba: en vez de que dependan de un puntero o de un jefe político que valide su asistencia en una planilla, podrán elegir de una larga lista de lugar dónde ir a formarse».
Stanley confirmó esta mañana en declaraciones a Radio Mitre las modificaciones en la regulación y requisitos de los planes sociales y sostuvo: «Educación y trabajo son los pilares básicos para ayudar a una familia a salir de la situación de pobreza y detectamos que más del 60% no había terminado el colegio secundario, por eso queremos ayudarlos en este proceso, debido a que cualquier empleo pide que una persona haya terminado la secundaria». Contó, además, que la cartera viene trabajando con una «actualización de datos de la gente que cobra planes sociales».
Estos cambios también tendrán influencia en los municipios que se constituyeron como ente y que perciben alrededor de $18 mil por cada beneficiario. Según publicó Clarín, en distritos como La Matanza, encabezado por Verónica Magario, este dinero es también utilizado para la limpieza de la vía pública al tiempo que el intendente Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, realiza la misma maniobra pero destinada a la higiene de su Metrobús.
