Tras las denuncias por irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral, la iniciativa sería presentada mañana ante la Cámara de Diputados.
Tras el despido de Fernanda Inza, responsable financiera de la campaña electoral del oficialismo, concretada en el día de ayer por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, el Gobierno consensuó presentar de manera “inminente” y con la firma del propio presidente Mauricio Macri la nueva ley de financiamiento político.
El proyecto de ley está listo desde el mes de febrero y contiene, entre otros puntos, la bancarización obligatoria de todos los aportes a los partidos políticos. Según otras fuentes del Gobierno, el proyecto llegaría mañana a la Cámara de Diputados.
Según constató La Nación, por orden del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, funcionarios de esa jefatura comenzaron a acelerar los tiempos del proyecto, surgido de la secretaría de Asuntos Políticos de Interior que encabeza Adrián Pérez y mencionado por el propio presidente Macri en su conferencia de prensa en la quinta de Olivos.
Puntos importantes del proyecto:
El proyecto, prohíbe de manera total las donaciones en efectivo, muy comunes en encuentros políticos de campaña, como las cenas de recaudación de fondos.
También habilita aportes empresariales, pero con un tope preciso: el 2% sobre el total de los gastos permitidos para un partido. Si bien algunas ONG discuten la inclusión de fondos provenientes de empresas, en el Gobierno creen que el tope es suficiente para evitar “influencias excesivas”.
Se prohíben aportes de empresarios del juego, contratistas del Estado y donaciones extranjeras, entre otras.
Se establece, además, la obligatoriedad para que organismos públicos como la UIF, la Procelac, la Oficina Anticorrupción y la AFIP, entre otros, compartan con la Cámara Nacional Electoral la información que poseen, para evitar la inclusión de fondos provenientes de ilícitos en las campañas de los partidos.
Establece, un registro de proveedores y servicios que controlará la Cámara Nacional Electoral, como forma de evitar gastos que luego son difíciles de controlar.
Extiende el plazo de prohibición para la realización de actos de gobierno que puedan promover la captación del voto, de los 15 días actuales a 30 días.
