La Oficina Anticorrupción, el Ministerio de Energía y la Procuración del Tesoro quieren impedir que la constructora brasileña obtenga 1.500 millones de pesos.
Esta mañana, la Oficina Anticorrupción (OA), el Ministerio de Energía y Minería y la Procuración del Tesoro de la Nación solicitaron una medida cautelar ante el Juzgado Federal N° 3 para impedir reclamos económicos por parte de Odebrecht. La presentación apunta a proteger el patrimonio del Estado e impedir que la empresa continúe realizando reclamos mientras se llevan adelante las investigaciones por distintos delitos de corrupción y se determina el daño sufrido por el Estado.
La cautelar fue presentada con “carácter de urgente” a raíz del reclamo económico de la empresa brasileña realizado ante el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. “No vamos a permitir que Odebrecht se lleve un sólo peso más del Estado nacional”, dijo a la prensa Laura Alonso.
Según constató Clarín, la constructora Odebrecht reclama el pago en el marco de los Contratos de Construcción EPC (CAMMESA) y los Fideicomisos de Gas por la suma de U$S 45.281.205,30 y $ 457.578.828,18.
“Repudia una noción básica de justicia y equidad, el hecho de que alguien pretenda sacar rédito a costa del interés público con fuente en una actividad delictiva, lo que es más grave cuando el pretenso beneficiario es quien estructuró su propia organización para esos fines espurios, como surge en el caso de la hipótesis reconocida por Odebrecht en los EEUU”, se sostiene en el escrito presentado por el Gobierno.
Para los representantes del Estado “configuraría un escándalo jurídico que Odebrecht prosiga un reclamo en un tribunal de arbitraje fundado en un contrato nulo por ilicitud en su causa y objeto”.
El juez Daniel Rafecas, a cargo del juzgado donde se realizó el pedido de cautelar, deberá definir si hace lugar al pedido realizado en conjunto por la OA (querellante en las tres causas sobre Odebrecht en Argentina), la cartera de Energía y la Procuración, para evitar que suspenda cualquier pedido de pago a futuro por parte de la empresa brasileña.
En marzo de este año el magistrado, a cargo del Juzgado Federal N° 3 dictó el procesamiento del ex ministro de Planificación Julio De Vido y otros ex funcionarios de distintas áreas bajo su órbita: secretario de Energía, subsecretario de Energía Eléctrica y subsecretario de Combustibles, considerando que crearon un sistema normativo para favorecer a Odebrecht otorgándole el contrato de la ampliación de los gasoductos TGS y TGN (obras 2006 – 2008).
En la investigación de la Justicia, se demostró cómo esos funcionarios desviaron la voluntad del Estado para favorecer indebidamente a la firma. Ahora, la OA, el Ministerio de Energía y la Procuración del Tesoro le solicitaron al juez que impida el reclamo de la constructora.
