El fuerte rechazo social fue la clave para la marcha atrás de la administración provincial.
El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, anunció este jueves que finalmente no reglamentará la polémica ley 9.209, que da lugar a la explotación minera en la provincia.
La iniciativa generó una gran cantidad de protestas, manifestaciones y represión por parte de las fuerzas policiales en los últimos días.
“El primer deber que tiene un gobernador es garantizar la paz social”, indicó el mandatario en conferencia de prensa y añadió: “No voy a reglamentar la ley, no estará vigente”.
Planteó además que convocará a distintos sectores de la sociedad, incluso al arzobispado para brindar información sobre la reforma y dejó en claro: “Sin consenso social no se va a reglamentar”. En caso de no llegar a un trato, el funcionario remarcó que está dispuesto a realizar una consulta vinculante.
“El primer deber que tiene un gobernador es garantizar la paz social. Hubo hechos de violencia, cortes de ruta, quejas de ciertos sectores, algunos muy violentos, funcionarios recibimos amenazas y hostigamientos”, indicó Suárez sobre las repercusiones que se generaron en el territorio.
Y siguió: “Hay mendocinos y mendocinas que la están pasando muy mal. Dijimos que en aquellos lugares con consenso social, con estrictos controles, se tenía que llevar adelante el desarrollo minero. Preservando nuestro recurso más preciado que es el agua, si esta provincia no genera riqueza para optimizar nuestro recurso hídrico, nuestras generaciones futuras la pueden pasar muy mal”.
En su discurso, el sucesor de Alfredo Cornejo defendió la “minería sustentable” y argumentó que “el grave problema que tiene la humanidad es el calentamiento global. La minería se puede hacer en forma sustentable, cuidando el agua. Es muy fácil inculcar el miedo y la confusión en la sociedad. Plantear algo automático como minería, contaminación, agua”.
La Legislatura de Mendoza había modificado el viernes pasado la ley que prohibía la minería metalífera y habilitó a inversiones de cobre, plata y oro.
En junio de 2007 se sancionó la Ley 7.722 durante el gobierno de Julio Cobos, que prohibía todo tipo de minería metalífera. Con esta aprobación, se permitía el uso del cianuro y el ácido sulfúrico y sólo queda prohibido el mercurio.
