El Gobierno anterior había asegurado que dicho proceso sería gratuito; hoy el presidente Macri apelará el fallo.
Cuatro años después de que el kirchnerismo impulsara la expropiación de la ex Ciccone Calcográfica, la Justicia dictaminó que ese camino le costará al Estado unos 300 millones de pesos sumado al 6 % de interés anual, lo que significaría una cifra total por encima de los $350 millones.
Durante su última gestión, la ex presidenta Cristina Kirchner había anunciado que el expolio de la imprenta no le costaría «ni un peso» al sector público, mientras el entonces vicepresidente Amado Boudou ya comenzaba a ser investigado y ahora se encamina hacia el juicio oral por presunta corrupción.
La decisión quedó en manos de la Sala D de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, integrada por Pablo Heredia y Gerardo Vasallo, quienes confirmaron así la decisión del juez de primera instancia Javier Cosentino e intimaron al Estado a depositar esos fondos «dentro del plazo de 30 días hábiles a contar a partir de la notificación al Ministerio de Economía».
Por su parte, el macrismo no piensa quedarse de brazos cruzados y se resiste a liberar ese dinero, por lo que los abogados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ya apelaron el fallo judicial con la esperanza de que la Corte Suprema revierta la sentencia.
