La ex presidenta quiere resolver su complicada situación judicial actual y evitar embates futuros. Críticas en cadena y proyecto de ampliación.
Por Eduardo Paladini para Clarín.
Como en el fútbol, la decisión se aceleró después de un 5 a 0 en contra. El 24 de abril la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por unanimidad la «acción declarativa de certeza» que Cristina Kirchner, como principal autoridad del Senado, había presentado para garantizar la validez de las sesiones virtuales. Más allá de que la vicepresidenta buscó entonces presentar aquel fallo como un triunfo, e incluso vienen desarrollándose sin problemas formales las reuniones en la Cámara alta, lo que dejó en claro entonces el Máximo Tribunal es que no sería tan simple para la ex presidenta conseguir mayoría en ese cuerpo.
El interés de Cristina sobre la Corte corría -corre- claramente por otro lado. Uno central: como contó Clarín, allí deben resolverse tres recursos que presentó su defensa y podrían retrasar o directamente voltear el único juicio oral y público por corrupción en marcha contra la ex presidenta. Es la causa por las obras millonarias de vialidad que le otorgaron a Lázaro Báez durante su gobierno y, asegura la acusación, volvieron en forma de coima encubierta a la ex mandataria.
El juicio comenzó en mayo del año pasado y hoy se encuentra en un insólito limbo virtual: después del cuarto pedido que hizo el Tribunal Oral Federal que lleva adelante el proceso para que se garantice el funcionamiento online de las audiencias, el Consejo de la Magistratura le pidió precisiones por mail para luego evaluar el pedido. Eso sí: le aclararon que antes tiene cientos de reclamos similares por resolver. Paciencia.
Pero esa demora a su favor, entienden Cristina y sus asesores, no garantiza triunfo futuro. Y tarde o temprano, en este y otros casos, deberá actuar la Corte; la que el cristinismo, con la propia vice a la cabeza, decidió volver a atacar. Cuestionándola y reflotando la idea de una ampliación. La ex presidenta y su ex secretario Oscar Parrilli, actual senador, apuntaron a una presunta inacción del Alto Tribunal para investigar la difusión de escuchas que los involucraban. Y más: como la «Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado» pasó a depender de la Corte con el macrismo, Parrilli responsabilizó directamente a Ricardo Lorenzetti por el escándalo.
El juez de Rafaela era el titular del cuerpo cuando surgió la polémica. En el kirchnerismo mencionan un supuesto aval suyo para la difusión de los diálogos donde la ex presidenta, entre otras cosas, pedía presión a los jueces e insultaba a aliados y opositores. Lorenzetti por supuesto lo niega y remite a informes que eximieron a la oficina de escuchas del escándalo.
Pero la críticas no son sólo por el pasado. El último embate se produjo este lunes, cuando la flamante titular del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori, opinó que el Máximo Tribunal «no está funcionando como debería» y pidió en primera persona un cambio: «Nos merecemos otra Corte», advirtió. Garrigós es la fundadora de Justicia Legítima y habitué del Instituto Patria. Es Cristina.
El pedido de la funcionaria corre en paralelo a la sugerencia de juristas vinculados al kirchnerismo de volver a una Corte de nueve miembros. Matemática judicial: con candidatos afines, el 5 a 0 de abril circunstancial puede reconfigurarse. En medio de la puja, hubo un cambio sutil (o no tanto) en la postura de Alberto Fernández. En campaña y apenas asumió, el Presidente había sido taxativo (y así lo había transmitido al círculo rojo judicial) en que la Corte no necesitaba modificaciones. Hace un par de semanas, en cambio, matizó en que si bien sigue pensando en que el número es el correcto (él era jefe de Gabinete cuando se promulgó la ley que redujo la cantidad), está dispuesto a escuchar al grupo de expertos que podría asesorarlo sobre el tema. Uno de los nombres que circula para ese consejo es el del abogado de Cristina, José Beraldi.
¿Hay plafón en el Congreso para votar la reducción y luego nombrar a los nuevos miembros? «Si hay un tiempo es ahora o en breve. Nada garantiza que al Gobierno le vaya bien en las legislativas y puede perder peso en las cámaras. Y ahora también tiene el nombramiento del procurador para meter en la negociación», evalúa una fuente judicial.
El Gobierno quiere nombrar como jefe de los fiscales a Daniel Rafecas. Y en paralelo, impulsa que las escuchas vuelvan a estar bajo su órbita. «Cristina piensa ahora y en el mediano plazo. Por esto también va a querer una reforma judicial que les quite poder a los jueces de Comodoro Py», agrega otra fuente que sigue al tanto las causas contra la ex presidenta.
Más presunciones por el apuro: un eventual default o aún con un eventual arreglo, se descuenta que la pandemia dejará un tendal económico que administrar, un escenario complicado para avanzar con reformas que para la sociedad pueden no resultar prioritarias o encender -más- la llama de la grieta.
