Se trata de la misma investigación que acusa a la titular del organismo, Alejandra Gils Carbó.
Según publica Infobae, el 17 de diciembre de 2012 a las 14.09 hubo un contacto telefónico de 27 segundos entre dos celulares. Uno de los teléfonos está a nombre de Jaureguiberry y Asociados. El otro está a nombre de Guillermo Bellingi.
El primero es la inmobiliaria que cobró 7,7 millones de pesos de comisión por la venta del edificio de la calle Perón al 600 comprado por la Procuración General de la Nación que encabeza Alejandra Gils Carbó, adquisición que le trajo varios dolores de cabeza en la Justicia y por la cual el Gobierno viene luchando por su restitución hace meses.
Bellingi, por su lado, era subdirector de la Procuración y fue el funcionario encargado de la operación que se realizó en $ 43.850.000.
Aquel llamado entre la inmobiliaria que representó a la empresa Arfinsa (del Grupo Bemberg) que ganó la licitación, se concretó mientras estaba aún vigente una licitación anterior, que recién fue dada de baja por Gils Carbó a fines de 2012.
Por lo tanto, a partir del cruce de llamados se puede establecer que había una relación previa al contacto de licitación entre la inmobiliaria y el funcionario que manejó el expediente dentro de la Procuración y cuyo medio hermano cobró la mitad de la comisión pagada por la compañía vendedora del edificio.
En la causa que ya declaró en indagatoria Gils Carbó, se indaga el sospechoso pago de comisiones producto de la compra-venta del edificio. De los 7,7 millones de pesos que Arfinsa le pagó a Bárbara Jaureguiberry, la mitad fue a parar a manos de Juan Carlos Thill, un productor de seguros de La Plata sin relación con el rubro inmobiliario.
Thill fue contratado para asesorar a la inmobiliaria en la licitación que terminó ganando Arfinsa. Y Thill resultó ser medio hermano del Bellingi, el funcionario puesto por Gils Carbó para manejar la licitación. Y que se comunicaba con Jaureguiberry desde diciembre de 2012.
