El Poder Ejecutivo argumenta que se trata de una cuestión política no sujeta a revisión judicial.
El Gobierno ha presentado una apelación contra el fallo emitido por una jueza de feria, que declaró inválidos seis artículos del DNU 70/23 relacionados con los derechos laborales. En una extensa presentación de aproximadamente treinta páginas, la Secretaría de Trabajo ha afirmado que se trata de una «decisión política no judiciable», argumentando que el fallo no debería haber existido en primer lugar.
La semana pasada, la jueza Liliana Rodríguez Fernández, al hacer lugar parcialmente a una acción de amparo presentada por la CGT, declaró la invalidez de los artículos 73 (retención de la cuota sindical); 79 (negociación colectiva); 86 (cláusulas obligacionales); 87, 88 y 97 (servicios esenciales y modalidad de protestas).
La apelación del gobierno enfatiza la necesidad de destacar los riesgos de tener un Poder Judicial que desatienda las necesidades imperativas de la República Argentina. «La indiferencia al entendimiento de la situación y la anteposición de intereses particulares por sobre los de la Nación ponen en riesgo la subsistencia misma de la organización social, jurídica y política, afectando su normal desarrollo en procura del bien común», añade el documento.
En relación con el derecho a huelga, el gobierno sostiene que «el legal y legítimo ejercicio del derecho a huelga ha quedado desnaturalizado por completo», convirtiéndose en una instancia de violencia e irrespeto hacia los derechos de otros. El escrito subraya que el ejercicio de este derecho constitucional y supraconstitucional no puede llevarse a cabo de manera violenta ni abusiva, destacando la regulación que busca establecer el DNU.
