Bonadio procesó a la expresidenta por los delitos de asociación ilícita y cohecho. La pena podría llegar a 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El juez Claudio Bonadio procesó a Cristina Kirchner por considerarla jefa de una asociación ilícita que recaudaba sobornos millonarios desde el Estado, en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas.
En caso de que la Justicia la considere culpable, la actual senadora al igual que resto de los implicados, podría recibir una condena de hasta diez años de cárcel.
Por un lado está el delito de asociación ilícita, que castiga a todo aquel que forma parte de una organización o banda de tres o más personas con el objetivo de cometer crímenes”, independientemente de la función concreta que cada individuo pueda tener dentro de ese grupo.
La condena puede ir de tres a diez años de prisión. Este delito prevé que, quienes encabezaron la estructura de corrupción, reciban una pena de al menos cinco años. En esa línea, el magistrado estima que la ex mandataria, junto a Julio de Vido, fueron los jefes de la banda.
En paralelo, la Justicia analizará la figura de cohecho. Se trata de un delito que consiste en sobornar a un funcionario mediante la solicitud de una dádiva. Pueden ser acusados tanto el político que la recibe como quien la paga, y se castiga con una pena de entre uno y seis años de prisión e inhabilitación permanente para quien percibe el dinero o acepta un acuerdo de este tipo.
El procesamiento de Bonadio también alcanzó a otros exfuncionarios kirchneristas del entonces Ministerio de Planificación, como Julio De Vido, Roberto Baratta y José López, y a una gran lista de empresarios que se habían convertido en “imputados colaboradores” en la causa.
Para el juez, la investigación -que se desencadenó por las anotaciones del chofer Oscar Centeno- comprobó que desde el Ejecutivo se montó un aparato para “procurar la percepción de sumas de dinero ilegítimas por parte de diversos particulares, muchos de ellos empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional”.
Bonadio detalló que durante un periodo cercano a los ocho años -como mínimo- los exfuncionarios que se encargaban de recaudar los sobornos fueron Baratta; subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de Ministerio de Planificación; Nelson Lazarte, secretario privado de Baratta; Hernán Camilo Gómez, funcionario de la subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación; Fabián García Ramón, director nacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio Planificación; Rafael Enrique Llorens, subsecretario legal del Ministerio de Planificación; y Walter Fagyas, presidente de ENARSA. La mayoría de las veces, el dinero era trasladado por Centeno.
