El último detenido en la causa negó que haya sido parte de la estructura ilícita que montó el Estado para obtener dinero ilícito durante el kirchnerismo.
Oscar Thomas, el extitular de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) que estuvo prófugo durante 48 días y ayer fue detenido en el barrio porteño de Recoleta, negó hoy ante el juez Claudio Bonadio que haya participado del sistema de recaudación ilegal que describió el chofer Oscar Centeno en los cuadernos de las coimas. Lejos de llegar a esa postura, embistió al Gobierno actual.
El acusado reivindicó su gestión al frente del EBY, desestimó cualquier tipo de negocio ilegal dentro de la entidad y, además, nombró a Javier Sánchez Caballero, exCEO de la constructora Iecsa, cuyo dueño era Angelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri, otro de los procesados en el expediente.
Iecsa (en UTE con JCR) fue una de las principales ganadoras junto con un grupo de compañías que figuran todas en las declaraciones de Ernesto Clarens -ex financista K arrepentido- como las mayores beneficiarias en el mecanismo de la corrupción en la obra pública. En total, fueron tres concursos. La licitación 338 la consiguió Supercemento, Roggio y Esuco; la 330 la ganó Cartellone, y la licitación 340 la obtuvo Iecsa en UTE con JCR, de Juan Carlos Relats.
Contra el Gobierno
Pidió que sea llamado a declarar como testigo el senador de Cambiemos Humberto Schiavoni, quien estuvo a cargo de Yacyretá dos veces. La primera durante la gestión de Eduardo Duhalde (200-2003) y en la actualidad, desde que Macri asumió en Casa Rosada.
Thomas permanece detenido en la Superintendencia de Drogas Peligrosas. Explicó que no era funcionario público durante su gestión en el EBY porque cobraba honorarios por locación de servicios, y que su sueldo era “muy importante” al frente de la entidad binacional: sumó $3 millones libre gravámenes durante 2015.
