El país solicitó al Fondo «asistencia financiera». La definición del programa, un acuerdo entre las partes.
Por Liliana Franco para Ámbito.
La Argentina formalmente a través del envío de la carta correspondiente solicitó “asistencia financiera bajo un Programa con el Fondo Monetario Internacional, e invitamos al staff a una misión para comenzar las conversaciones”.
Cabe señalar, tal como viene anticipando Ámbito que, de manera informal, los técnicos del Fondo ya “están mirando las planillas correspondiente al proyecto de Presupuesto 2021”, dado que era impensable que se elaboren las proyecciones macroeconómicas sin tener en cuenta la próxima negociación con el organismo multilateral por un nuevo acuerdo. Además, el Gobierno contó con la colaboración tanto política como técnica negociación con los acreedores privados.
En tal sentido, también comentan que la relación con el organismo multilateral es “muy fluida”, como lo graficó el presidente Alberto Fernández cuando contó que mantuvo una “extensa” conversación con la titular del FMI, Kristalina Georgieva. Al respecto, señalan que el “Ministerio de Economía tiene un diálogo muy bueno con el Fondo”.
La estrategia de negociación del ministro de Economía, Martín Guzmán, para el pedido de “asistencia financiera bajo un Programa con el Fondo Monetario Internacional” no especifica cuál programa. Se tratará de plantear las proyecciones que el Gobierno considera viables para cumplir con sus compromisos externos pero al mismo tiempo sostener un crecimiento económico inclusivo, adelantaron fuentes del Palacio de Hacienda.
El no solicitar formalmente un determinado tipo de programa responde a que Guzmán le dejará a los técnicos del organismo que determinen cuál es el que se adecua a las posibilidades de Argentina, en una suerte de “compromiso o responsabilidad” por parte del FMI para que el programa acordado sea viable en el tiempo.
Una vez que Argentina presente su programa monetario fiscal y sus proyecciones en base a determinadas hipótesis tanto exógenas como endógenas, se las someterá a la evaluación de los técnicos del FMI a los efectos “de conversar cuál es el formato de préstamo más conveniente” precisan en fuentes oficiales.
De esta manera, hace también co-responsable al organismo multilateral en el otorgamiento de un programa de la factibilidad de que el país pueda cumplir con los compromisos planteados.
Responsabilidad
No en vano, en la carta remitida al Fondo para solicitar asistencia financiera no menciona ninguno de los programas posibles que Argentina podría solicitar como, por ejemplo, el Servicio Ampliado del FMI (SAF) o como se lo conoce en inglés (Extended-Fund-Facility).
Este préstamo tiene como finalidad ayudar a los países que cuentan con graves problemas de balanza de pagos debido a deficiencias estructurales o por contar con una economía con lento crecimiento y una situación de la balanza de pagos muy debilitada, situación que podría caberle a la Argentina.
También, más recientemente el Fondo creo créditos específicos para asistir a los países que tienen dificultades para hacer frente a las diferentes ayudas por el tema del Covid-19. Son los préstamos de Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) y el Servicio de Crédito Rápido (SCR) y, a los cuales pueden acceder aquellos países cuya deuda sea sostenible o que esté encaminada hacia la sostenibilidad y que enfrente necesidades urgentes de balanza de pagos y que esté ejecutando políticas adecuadas para abordar la crisis.
En la carta, se hace referencia al “descarrilado programa Stand By” solicitado por el Gobierno de Mauricio Macri, y en otro párrafo se indica “la incapacidad del SBA (Stand By) anterior para restaurar tanto la confianza como para generar robustez a través de un incremento del nivel de reservas internacionales”.
Esta situación es la que lleva a que Argentina enfrente “importantes necesidades de balanza de pagos para el período 2021-2024, mayormente asociadas con la previa adquisición del FMI de alrededor de 31.910 millones de DEGs” (Derechos Especiales de Giro), consigna la carta.
Es decir, de manera elegante, le recuerda al FMI que “esperamos que las conversaciones y el nuevo Programa no repitan lo que la actual Administración considera que fueron los defectuosos presupuestos del Programa de 2018. A tal fin, es esencial que se realice una evaluación precisa de los desafíos de Argentina, y esperemos intercambiar opiniones con su staff sobre estas cuestiones”.
En buen romance, le dice al organismo que evalúen bien las posibilidades que tiene la Argentina para cumplir sus compromisos dado que el acuerdo anterior, según el equipo económico, no se basó en un análisis lógico y sustentable de las posibilidades de repago del país.
Sendero fiscal
De todas maneras, Argentina se compromete a implementar “un sendero fiscal consistente” una vez terminada la pandemia, y para ello, se compromete a reducir el “déficit fiscal primario de un modo que sea compatible tanto con la sustentabilidad de la deuda pública, como con la recuperación económica”.
El Gobierno de esta manera ratifica la intención de lograr una consolidación fiscal pero advierte que este es un proceso demandará tiempo.
En las próximas semanas se conocerá el proyecto de presupuesto 2021, en donde se propondrá una reducción del déficit primario “acotada por las circunstancias”, adelantaron fuente oficiales a Ámbito. Descartan que “el año que viene pueda lograrse una desequilibrio tan bajo como 1,5 o 2% del PBI, porque la situación sigue siendo muy delicada”.
Al respecto, las previsiones oficiales contemplan una recuperación moderada de la actividad económica para el año próximo, – en principio “un crecimiento de 5% es razonable”-, sostienen en medios de la Casa Rosada. De lograrse, se compensaría solo parcialmente la caída de dos dígitos que registrará la actividad económica durante el año en curso, según el consenso de los economistas.
De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado, los analistas proyectan una reducción del PBI de 12,5% para el año y un aumento de 5,6% para 2021. De confirmarse estas cifras, el año próximo la actividad se encontraría 7,6% por debajo del nivel alcanzado en 2019, un dato que muestra el derrumbe económico toda vez que el anterior gobierno ya había dejado un país en recesión.
Asistencia también en 2021
Las autoridades contemplan también los condicionamientos derivados de las secuelas que dejará el coronavirus. Si bien se considera que medidas de apoyo extraordinarias como el IFE se irán reduciendo a medida que se vaya normalizando la situación económica, en el Gobierno también son conscientes de que “muchos sectores seguirán teniendo problemas y vamos a tener que seguir asistiéndolos más allá de fin de año”. Así lo señaló a Ámbito una alta fuente oficial.
Hasta ahora, el desequilibrio fiscal acumulado durante el primer semestre se ubicó en 3,3% según cálculos oficiales.
Con el acceso al crédito internacional cerrado, la totalidad del déficit fue financiado a partir de la emisión monetaria. La recesión determinó una fuerte caída en los ingresos tributarios al tiempo que el Gobierno salió a sostener salarios de privados y a brindar asistencia estatal a sectores vulnerables para evitar un impacto más profundo del coronavirus.
Las previsiones oficiales arrojan que los gastos crecerían cerca de 40% en el año contra un avance inferior a 20% en los recursos. De esta forma, las previsiones de la Secretaría de Hacienda contemplan para el año un déficit primario (antes del pago de intereses) de $2,2 billones, equivalentes a casi 7% del PBI (6,8/6,9%).
Estas previsiones se encuentran en línea con las estimaciones privadas que anticipan un desequilibrio primario del orden de 7 a 8 puntos del producto. Si se agregan los pagos financieros, el resultado total sería negativo en torno de 3 billones de pesos el resultado financiero total alcanzaría los 10 puntos del Producto Bruto Interno.
Este déficit se explica fundamentalmente por los efectos económicos de la pandemia. Para atenderlos, el Estado invirtió 5,2 puntos del PBI en distintos planes oficiales como los créditos otorgados, las transferencias por el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o el Salario Complementario, según precisó Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP.
El Gobierno también ha ido recortando gastos en lo que va del ejercicio, particularmente en lo concerniente al gasto en jubilaciones, salarios estatales y obra pública. Pero para el año próximo no serán pocas las dificultades para reducir el déficit, según señalan los analistas. Al respecto señalan que cerca de dos tercios del gasto primario corresponden a prestaciones sociales.
En este contexto se estima que la aspiración de las autoridades podría pasar en reducir a cerca de la mitad el desequilibrio fiscal para el año próximo, es decir proyectar un déficit del orden de 3 a 4% del producto bruto interno. Una cifra que igualmente implica un severo esfuerzo fiscal.
