Así lo decidió el juez Julián Ercolini.
Alberto Fernández pidió hoy suspender la indagatoria en la causa de los seguros que estaba prevista para este miércoles. El expresidente también reclamó la nulidad de la declaración a indagatoria. Sin embargo, horas después, la Justicia rechazó la solicitud.
Al ratificar la convocatoria, el juez federal Julián Ercolini señaló que la misma es un acto «esencial» para el ejercicio de defensa y no una presunción de culpabilidad. Asimismo, aseguró que el llamado a declarar fue correctamente fundamentado.
En un escrito firmado por su abogada Mariana Barbitta, quien fuera jefe de Estado entre 2019 y 2023 había opinado que la citación «carece de fundamentos» y constituye un «avasallamiento» a su derecho de defensa, por lo que reclamó que se suspenda hasta que quede firme una decisión sobre el planteo que presentó para recusar a Ercolini, según señalaron fuentes judiciales a la agencia Noticias Argentinas.
Al solicitar a ese magistrado que levante la audiencia, la misiva advirtió que a Fernández «pretende sometérselo a un proceso penal en base a una imputación direccionalmente ‘forzada’, genérica, poco clara y violatoria de las disposiciones legales y constitucionales».
Para la defensa, la citación es nula porque la ordenó un juez que fue recusado y ese planteo está bajo revisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de un recurso de queja. Al no hacerse lugar a su pedido, el expresidente deberá presentarse este miércoles a las 10 en los tribunales federales de Comodoro Py.
En su primera declaración indagatoria en una causa penal desde que dejó el gobierno, Fernández tendrá que dar explicaciones sobre la contratación de pólizas de seguros para organismos públicos a través de su amigo, el broker Héctor Martínez Sosa, quien hará lo propio el jueves 28, al igual que su esposa María Cantero, quien fuera secretaria del exmandatario.
Además, deberán comparecer ante la Justicia otros 36 acusados, entre ellos, Alberto Pagliano, Gustavo García Argibay, Sebastián Díaz Bancalari y Mauro Tanos, todos exmiembros de Nación Seguros.
Cómo sigue la causa de los Seguros
La declaración indagatoria de Fernández estaba prevista para el 20 de noviembre, pero luego se pasó al 27 por un pedido de la fiscalía. Este miércoles, el expresidente deberá presentarse en Comodoro Py para ser indagado. Para este jueves están citados el broker Héctor Martínez Sosa y su mujer, María Cantero, la histórica secretaria del exmandatario.
A todos se les imputa “haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en “Nación Seguros S.A.””, según la resolución.
Para ello, “una parte de los nombrados, con la connivencia de Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora “Nación Seguros S.A.””, detalla la imputación.
La pieza medular de la acusación contra el expresidente es el decreto 823/2021, que encierra las respuestas que buscan el juez Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo ante la imputación por presunta administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles.
La normativa establecía que los ministerios y los organismos del Estado debían contratar las pólizas con Nación Seguros. Según consta en el expediente, “vedó la posibilidad de realizar licitaciones públicas que fomenten la competencia y transparencia en torno a esas contrataciones”. Hay 45 contratos investigados.
“Las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional deberán implementar la contratación de las pólizas de seguros que requieran en el ejercicio de su gestión a través de NACIÓN SEGUROS S.A. en todas las ramas en las que esa institución opera”, dice, en su artículo 1°, el decreto que el expresidente firmó el 2 de diciembre de 2021. La normativa fue vetada por el actual mandatario Javier Milei, mediante el decreto 747/2024, emitido el 21 de agosto pasado.