También fueron convocados el empresario Héctor Martinez Sosa, su mujer María Cantero,y varios ex funcionarios de directorio de Nación Seguros.
El expresidente Alberto Fernández fue citado a indagatoria por presuntos hechos de corrupción relacionados con el escándalo de los seguros. Fue citado por el juez Julián Ercolini para el 20 de noviembre, quien convocó además a otros 38 acusados.
A todos se les imputa «haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en «Nación Seguros S.A.»», según informó la Agencia Noticias Argentinas.
Para ello, «una parte de los nombrados, con la connivencia de Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora «Nación Seguros S.A.»», detalla la imputación.
«La maniobra habría requerido de la intervención intencional de funcionarios públicos de ´Nación Seguros SA´ y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión», dice la resolución.
Y añadió el texto que «según los casos, de modo impuesto o acordado, directa o indirectamente o por actos simulados, habrían mostrado interés para un propio beneficio o de terceros, en la designación irregular o informal de productores, organizadores y másters e, incluso, de coaseguradoras privadas, con la consecuente incorporación en las pólizas y liquidación de dividendos en favor de dichos particulares por parte de ´Nación Seguros´».
Al tratarse de organismos estatales, el juez Ercolini busca determinar por qué intervinieron intermediarios privados en una operatoria que, a primera vista, parece no necesitarlos, y que además cobraron elevadas comisiones.
El juez investiga también por qué Nación Seguros tercerizaba con otras empresas el servicio que, por decreto del expresidente, los organismos estatales estaban obligados a contratar con la aseguradora del banco oficial.
