Según el fiscal Carlos Stornelli, la expresidenta «recibió sumas de dinero en sus domicilios» a través de Héctor Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner.
La quinta audiencia del juicio oral por el caso Cuadernos avanzó con la lectura completa del requerimiento fiscal, que atribuye a Cristina Fernández de Kirchner la recepción de fondos provenientes del pago de sobornos por parte de empresarios durante su gobierno. Según la acusación del fiscal Carlos Stornelli, parte del dinero habría sido entregado directamente en los domicilios de la ex mandataria.
“La principal receptora resultó ser Cristina Elisabet Fernández, quien más allá de ser la Presidenta de la Nación Argentina, era quien tomaba posesión final de la mayoría del dinero otorgado por los privados”, indicó el requerimiento, que también señaló que el departamento de la calle Uruguay, en Recoleta, funcionaba como un centro de acopio de pagos ilegales.
Durante la audiencia se concluyó la lectura de las 678 páginas de la acusación en la causa central Cuadernos, donde se resumieron los cargos contra cada imputado, entre ellos la ex presidenta. La jornada comenzó poco antes de las 9.30 y tuvo un cuarto intermedio de 15 minutos antes del mediodía, cuando comenzó la lectura de otra causa vinculada.
Para la fiscalía, “específicamente se encuentra acreditado que Cristina Fernández recibió sumas de dinero en sus domicilios, y a través de Héctor Daniel Muñoz, de parte de los empresarios”. Muñoz, ya fallecido, era secretario privado de Néstor Kirchner.
La ex presidenta siguió la lectura de la acusación conectada vía Zoom desde San José 1111, donde cumple arresto domiciliario tras ser condenada a seis años de prisión en el caso Vialidad. Está procesada como presunta jefa de asociación ilícita y cohecho en 22 hechos.
Durante la lectura se detallaron distintos episodios de un total de 128 pagos de sobornos, al concluir que “los eslabones convergen así en un solo punto”, la ex presidenta.
El esquema investigado
Según la acusación, “Roberto Baratta fue identificado como el comunicador y receptor inicial, Muñoz como uno de los intermediarios finales, y Cristina Elisabet Fernández como la destinataria final de fondos”. La fiscalía destacó testimonios de imputados colaboradores que “ratificaron la participación e intervención directa de la imputada en la recepción de los sobornos garantizados por los privados”.
Asimismo, planteó que Cristina Kirchner “en definitiva, resultó ser la única con capacidad real y efectiva, para decidir cómo y qué hacer con la mayoría del dinero entregado en carácter de coimas”. Y agregó: “Ella recibió dinero de los empresarios para ejercer la influencia necesaria que le permitiera incidir a su favor”.
Entre los testimonios citados figura el del ex titular del OCCOVI Claudio Uberti, quien afirmó haber visto unas 20 valijas en el departamento de los Kirchner en Recoleta. Según dijo que le contó Muñoz, su contenido tenía como destino la vivienda de Río Gallegos, donde habría bóvedas adquiridas al Banco Hipotecario. También mencionó bolsos de más de diez kilos trasladados a ese domicilio.
La fiscalía sostuvo que “gran cantidad de las entregas de dinero fueron, en último término, trasladadas —también por miembros de esa organización— a inmuebles que eran utilizados por Cristina Elisabet Fernández”, entre ellos la Quinta de Olivos, la Casa Rosada y el departamento de Juncal y Uruguay.
Los pagos atribuidos incluirían fondos provenientes de Carlos Wagner, Enrique Pescarmona, Juan Carlos de Goycoechea, Gerardo Ferreyra, Raúl Glazman, Ivánissevich, Romero, Vertúa y Dragonetti, registrados entre 2008 y 2010 en anotaciones del chofer Oscar Centeno.
La marcha del juicio
El juicio oral por los Cuadernos, donde están acusados Cristina Fernández de Kirchner y otros 85 imputados, continuó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio elaborado por Stornelli. La fiscalía consideró acreditado que existió una asociación ilícita dedicada a diversos “planes delictuales” y afirmó que la entonces presidenta y ex funcionarios como Julio De Vido, Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Enrique Llorens y José María Olazagasti “recibieron y/o participaron” en entregas ilegales de dinero de empresarios, con el fin de obtener beneficios estatales.
De acuerdo con el cronograma del Tribunal Oral Federal 7, hasta el 2 de diciembre se completará la lectura de las acusaciones de la causa central y dos tramos vinculados. Luego habrá audiencias dedicadas a la acusación en el expediente conocido como “La Camarita”, y el 18 de diciembre se abordarán otras dos causas: “Trenes” y “Corredores Viales”.
Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli solicitaron a las defensas que anticipen sus planteos preliminares, lo que abrirá una nueva etapa del proceso. Se prevé que las 86 indagatorias comiencen en febrero de 2026.
Por ahora rige el sistema mixto: cada acusado deberá presentarse el día que le corresponda ante el Tribunal, mientras el resto seguirá las audiencias por Zoom. El TOF7 aún debe definir si acepta la propuesta de la Cámara de Casación para mudar el juicio a Comodoro Py y sumar más presencialidad.
Entre los imputados que siguen el debate detenidos están Julio De Vido, alojado en Ezeiza tras quedar firme su condena por la tragedia de Once, y Ricardo Jaime, que cumple seis años de prisión y tampoco obtuvo arresto domiciliario.
