El Gobierno apuntó a que la ley antiterrrorista del gobierno anterior era «muy deficiente»
En un mundo caracterizado por ataques terroristas y con grupos extremistas cada vez más extendidos por diferentes países, la Argentina se dispone a modificar su Código Penal e imponer un esquema para desterrar a las células terroristas, aumentar penas para participantes de estas organizaciones, encarcelar a los que adoctrinen jóvenes para estos ataques y el seguimiento a los financistas de estos grupos.
La nueva normativa antiterrorista se presentará dentro de un mes. “La ley antiterrorista del gobierno anterior era muy deficiente. Por eso estamos trabajando en una nueva normativa adecuada al mundo en que vivimos”, dijo el ministro de Justicia, Germán Garavano, en diálogo con la prensa.
Entre los lineamientos centrales para desarrollar en el nuevo Código Penal, se destacan:
Tipificación. El borrador sostiene que “se considerará delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad sexual, la propiedad, el ambiente, la seguridad, la salud o el orden públicos, el orden económico y financiero, o informático, previsto en este Código o Convenciones Internacionales”.
Escala Penal. En los casos de penas divisibles, la escala penal del respectivo delito se elevará en el doble del mínimo y del máximo.
Asociación ilícita. De 5 a 20 años al que forma parte de una asociación ilícita destinada a cometer delitos de terrorismo y 10 años (mínimo) para quien promueva, organice o dirija a asociación.
Capacitación y adoctrinamiento. De 5 a 10 años para quienes se capaciten para delitos de terrorismo.
Ocultar un terrorista. El Código contemplará 5 años de prisión en estos casos.
Financiamiento. “Si la escala penal prevista para el delito que se financia o pretende financiar fuera menor que la establecida en este artículo, se aplicará la escala penal de ese delito”, dice la normativa. También se aplicará la pena a quienes financien grupos “fuera del territorio nacional, en tanto el hecho también hubiera estado amenazado con pena en la jurisdicción competente para su juzgamiento”.
