«Crónica de un cohecho anunciado», sostiene el título del alegato de la Oficina Anticorrupción (OA) en el juicio por el Caso Ciccone, que comenzó este martes. Para el organismo se combinó la intención de la familia propietaria de mantener a flote la compañía de impresión de seguridad con la intención de hacer un negocio.
En el informe de la OA quedó demostrado que uno de los acusados, Amado Boudou, «como ministro de Economía actuó disciplinando a un montón de reparticiones públicas para un negocio privado».
A través de los abogados Matías Rey y Natalia Pereyra, la Oficina Anticorrupción destacó que los testigos contra el ex funcionario kirchnerista y sus asociados fueron amenazados o denunciados por falso testimonio. Incluso algunos fueron despedidos de sus puestos en el Estado cuando inició la investigación en 2012.
El argumento del organismo que conduce Laura Alonso, fue interrumpido por el abogado defensor de Boudou, Alejandro Rúa, quien cuestionó que el alegato fuera leído y no dicho en voz alta sin leer. Acto seguido, el Tribunal Oral Federal desestimó el pedido de Rúa y la OA siguió alegando del mismo modo.
«La prueba que hemos conseguido en el juicio supera el testimonio de (Alejandro) Vandenbroele como arrepentido«, afirmaron y sostuvieron que «Boudou, como ministro de Economía, tuvo injerencia para que se realizara un negocio».
En otro tramo de la exposición, la OA explicó que se realizó una maniobra para «el salvataje de la empresa» que finalmente fue contratada por la Casa de Moneda. «Una vez que Boudou asumió como vice la Casa de Moneda contrató a Ciccone para imprimir billetes», agregaron.
Según advierte el alegato, «Boudou tomaba las decisiones, (José María) Núñez Carmona las ejecutaba y necesitaron un tercero porque no podían aparecer. Y ese es Vandenbroele, quien no tomaba decisiones pero aparecía en cuestiones formales».
Al finalizar, los abogados de la Oficina Anticorrupción tendrán que plantear la acusación, para quiénes piden penas y por qué delitos. Luego de esta etapa vendrá el veredicto.