El titular de Suteba esperará a reunir toda la información para llevarla a la auditoría que se realizará para determinar el origen de los fondos
El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, aseguró que al menos 20 maestros figuran como «aportantes truchos» en la campaña de Esteban Bullrich y Graciela Ocaña en los comicios legislativos del año pasado. De esta manera, apuntó una vez más contra la gobernadora María Eugenia Vidal, presidenta del PRO en la provincia.
Según confirmó el titular del gremio docente bonaerense a La Nación, el sindicato está asistiendo en lo legal a un listado de docentes que figura como aportantes a la campaña de los senadores, pero que asegura no haber realizado ninguna donación.
Consideró que, por el momento, no acudirá a la Justicia pero que cuando reúna toda la información, la entregará a la mandataria bonaerense quien afirmó que realizará una auditoría para determinar el origen de los fondos de campaña.
Desde el entorno de la gobernadora Vidal aseguran que la denuncia de Baradel tiene sólo una intención «política» direccionada por el «bando» al que responde. «No le importa resolver las diferencias: rechazó una nueva propuesta salarial que consideramos importante y nos amenazó con anunciar un paro sino le presentamos otra oferta para mañana. No sé quién se cree que es. Piensa que nos puede amenazar de esa forma», opinaron.
El dirigente de los maestros dijo que no difundirá los nombres del listado de docentes que aparecen como donantes falsos porque no tienen intenciones de exponerse en los medios. En las últimas horas, El Destape -el portal que inició la investigación- difundió una nómica con presuntos 18 docentes que figuran como aportantes en la campaña del frente gobernante en 2017.
A la vez, estas personas estarían afiliadas a Suteba y a UTE. En ese listado se detallaba que esas personas habrían realizado un aporte total a la campaña de 73.650 pesos.
La Justicia investiga la denuncia en tres causas: una la lleva adelante el juez federal Ernesto Kreplak, iniciada por la senadora kirchnerista Teresa García (Unidad Ciudadana); otra está en manos del juez federal Sebastián Casanello, y la tercer causa se tramita ante el juzgado de María Servini de Cubría, con intervención del fiscal Jorge Di Lelo, que ya confirmó con el Ministerio de Desarrollo Social que algunos de los aportantes son beneficiarios de planes sociales.
