La defensa del santacruceño dijo que es «ilegal» la prisión preventiva. Casanello ya había rechazado el pedido anterior.
Tras cumplir ocho meses en prisión Lázaro Báez insistió ante el juez Sebastián Casanello con el pedido de excarcelación. La defensa del empresario K reiteró ayer que la detención preventiva es «ilegal» y que las pericias de Austral Construcciones y del propio Báez, que ingresaron al Juzgado, «no reflejan ninguna irregularidad que pueda sostener la imputación por lavado».
El magistrado, que investiga al ex financista en la «Ruta del Dinero K», recibió las pericias sobre las personas físicas procesadas en la investigación y las correspondientes a las personas jurídicas: más de 22 empresas. No se descartaba, según fuentes judiciales, alguna respuesta del Magistrado al cuerpo de Peritos de la Corte que se basó exclusivamente, en lo ya declarado ante la AFIP y no en los manejos «extracontables» como solicitaba el pedido del peritaje.
«Las pericias no reflejan ninguna irregularidad que pueda sostener la imputación de lavado de activos, no hay más pruebas», señaló el abogado Maximiliano Rusconi. Y reiteró que «la libertad de Báez no es un obstáculo para el desarrollo de la investigación«.
Además, recusaron al fiscal Guillermo Marijuan en este pedido puntual «porque volvió a emitir opinión sobre la necesidad de la prisión preventiva».
