Fue la génesis de una decisión que le generó un altísimo costo político al Presidente. El anuncio cortó una negociación.
Por Marcelo Bonelli para Clarín.
Cristina Fernández de Kirchner fue la impulsora ideológica para avanzar en la idea original de expropiar al gigante Vicentin. La propuesta surgió de un trabajo técnico que la vicepresidenta encargó a un polémico ex funcionario. Se trata del ex titular de la AFIP: Ricardo Echegaray. Una figura que otorgó tratos tributarios diferenciales y acumuló múltiples denuncias de corrupción.
Mauricio Macri intentó –increíblemente- dejarlo en el cargo y trató de refugiarse –sin éxito- en la Auditoría General de la Nación. Echegaray se vinculó al mercado agropecuario, en su triste gestión en la ONCCA: plagada de falta de transparencia. El pedido de Cristina ocurrió un mes atrás. Echegaray armó un equipo y elevó sus conclusiones hace una semana. Ese “paper” de Echegaray incluía la siguiente solución: intervenir y expropiar Vicentin.
La información es confidencial y circuló en un reducido numero de funcionarios: los que comandan la banca pública y son los acreedores directos de Vicentin. Entre ellos el Banco Nación.
Esa y no otra fue la génesis de una decisión polémica, que le generó un altísimo costo político al Presidente.
Después apareció la senadora Anabel Fernández Sagasti y su sincericidio en la conferencia: le agradeció a Alberto que haya “adherido a nuestra propuesta”.
El anuncio cortó una larga negociación para salvar a Vicentin y ese palo en la rueda obedeció a Cristina.
En enero, un importante emisario fue el nexo entre Vicentin y la Casa Rosada, para explorar un acuerdo sin vulnerar el derecho y la propiedad privada.
Sergio Nardelli -a través de esa negociación- había propuesto un convenio concreto: transferir parte del paquete accionario para cancelar la millonaria deuda y hacer de común acuerdo una compañía con la división YPF-Agro.
La cuestión la exploraron también el titular del Banco Nación, Eduardo Hecker, y los ministros Wado de Pedro y Matías Kulfas. El trío lo trató con el propio Presidente. Todos la vieron adecuada. Esa fue la idea original. Un acuerdo y una asociación. Nada similar con el desprolijo anuncio: un convenio con YPF bajo el formato coercitivo de la expropiación.
La decisión del Presidente generó un temblor en el Gobierno y en la economía. Alberto se dio cuenta del traspié y trató de remediar la cuestión con un rápido diálogo telefónico con el CEO de Vicentin. Este jueves a la noche se vieron cara a cara: Alberto y Nardelli intentan ponerle paños fríos al escándalo.
En la intimidad se sondea una propuesta que incluye concesiones de ambos lados: ratificar la intervención, pero reflotar el acuerdo –no compulsivo– que se sondeó en enero entre Vicentin e YPF-Agro.
El jueves a la noche, de todos modos, se insistía en que los malos pasos ya dados complicarían una salida al conflicto: cualquier búsqueda de consenso choca con el fanatismo de la vicepresidenta. Cristina envió a su infantería de adeptos a complicar un acuerdo y, a la vez, imponer el infantil relato de la “soberanía alimentaria”.
En nombre de la “soberanía petrolera” bajó la producción y se endeudó a YPF. Axel Kicillof fue generoso con Repsol y abrió las puertas al juicio en Manhattan. Wado de Pedro no comparte esa estrategia. El ministro quiere un acuerdo por consenso. También Omar Perotti: al gobernador le cerraron los teléfonos un día antes del anuncio. Ese es el problema político que desencadenó una furia en el movimiento empresario y encendió todas las alarmas en los hombres de negocios.
La intranquilidad obedece a una percepción: el avance de las ideas estatistas y de control económico sobre la lógica moderada del Presidente.
Una semana antes, Alberto convocó en Olivos al establishment y les aseguró: “Es un disparate la propuesta estatista de Vallejos”. Cinco días después iba en esa otra dirección: expropiar una compañía que estaba negociando una salida en el marco de las leyes comerciales. Por eso, fueron -esta vez- los principales hombres de negocios los que activaron las declaraciones de censura más duras a la medida.
Los “popes” vinculan dos cosas que están ocurriendo al mismo tiempo: el rumbo estatista de la última medida y el “super-control” al dólar que trabó la importación de insumos.
Miguel Pesce durmió y se le fueron –en pocas semanas– la friolera de 8.000 millones de dólares.
La reacción fue aplicar un cepo cambiario, que tiene un antecedente: es aún más estricto que el vigente al final del gobierno de Cristina. Ya les bloqueó a unas 1.000 empresas la compra de dólares.
La cuestión generó un comunicado inflexible de la Asociación Empresaria. El clima lo reflejó un diálogo privado que tuvo Roberto Murchinson con Miguel Acevedo. Ambos estuvieron una semana antes en Olivos y Murchinson transmitió a sus colegas la buena imagen que se había llevado del Presidente.
El martes, cuando habló con el jefe de la UIA, le transmitió lo contrario: la decepción por la diferencia entre lo dicho y lo hecho por Alberto.
Fue unos minutos antes de una convulsionada reunión virtual en la central fabril que Clarín pudo reconstruir.
Luis Betnaza fue con los tapones de punta y exigió un severo comunicado contra la Casa Rosada: “Esto es un atropello constitucional contra la propiedad privada”. A partir de ahí se armó una batahola. Cristiano Ratazzi elevó su voz y exclamó por la computadora: “Apoyo a Luis. El pueblo sabe que el dinero va a salir del pueblo”.
Todos pedían la palabra para desahogar la bronca. Daniel Funes del Rioja ironizó: “Para Copal es un disparate el relato de seguridad alimentaria”.
Había pasado más de una hora y cada vez estaba más caliente. El textil Luis Tendlarz se puso adusto: “Hay que poner un límite, porque atacaron al capital”. Miguel Callelo exclamó un grito de guerra: “Esta línea no la pueden cruzar”.
Adrián Kaufmann habló de la inseguridad jurídica y fue ahí cuando Miguel Acevedo convocó a serenarse. “No podemos –dijo– romper el diálogo con el Presidente”.
Antes habían hablado y puesto paños fríos Ignacio de Mendiguren y José Urtubey. El titular del BICE propuso que Acevedo hable directamente con Alberto. La UIA emitió un comunicado moderado. Acevedo considera que se vienen tiempos muy duros y que ahora no hay que quemar las naves. A la noche, Betnaza se lo reprochó en una nota formal: “Vos no cumpliste con lo que pidieron las bases”.
La cuestión de Vicentin sacudió internacionalmente. Fue en medio de la negociación de la deuda.
Martín Guzmán alertó por las repercusiones. El jueves, el ministro estaba dando las últimas puntadas. Clarín confirmó que este viernes Guzmán dará a conocer la nueva contra-propuesta de pago a los acreedores.
Sería de un valor presente del 49% y un adicional por bonos atados a la exportación: el total llegaría al 53 %. Anunciará una propuesta similar para los bonos en dólares con ley local. Se trata de un cambio importante. Muchos “lobos” de Wall Street aceptarían el plan de pago. Pero la adhesión estaría por debajo de lo necesario y aún no se garantiza cerrar el conflicto.
Guzmán se curó en salud. El jueves a la noche les dijo a lo banqueros: “Esta es la última oferta posible”.
