El Gobierno ratificó su posición en contra del dirigente nicaragüense, el cual invitó a uno de los iraníes acusados por Argentina de atentar contra la AMIA, a su re asunción.
En la sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Gobierno manifestó su «preocupación» por la violación de los derechos humanos y la existencia de presos políticos en Nicaragua.
«Como lo hicimos en este Consejo y en la OEA en distintas oportunidades, reiteramos nuestra preocupación por la crisis política, social y de derechos humanos que afecta a Nicaragua, que incluye las detenciones de figuras políticas y la persistencia de restricciones al espacio cívico», dijo el director de Derechos Humanos de la representación argentina en Ginebra, Christian Machuca.
El Gobierno también se ha endurecido con Nicaragua en la OEA, donde en lugar de abstenerse comenzó a criticar los graves abusos. De ahi que, pese a que Ortega finalmente no impidió que Argentina asumiera la presidencia pro témpore de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y Caribe (CELAC), sus relaciones con Alberto Fernández se volvieron a crispar. Especialmente porque Ortega invitó a uno de los iraníes acusados por Argentina de atentar contra la AMIA, en 1994 a su re asunción.
A continuación, dejamos el texto leído por Machuca:
«Señor Presidente: La Argentina agradece la presentación del informe de la Alta Comisionada.
Ratificamos una vez más el compromiso de la Argentina con la defensa de los derechos humanos, que para nuestro país representa un valor superior e irrenunciable, y con la promoción y la consolidación de la democracia representativa.
Es por ello que, como lo hicimos en este Consejo y en la OEA en distintas oportunidades, reiteramos nuestra preocupación por la crisis política, social y de derechos humanos que afecta a Nicaragua, que incluye las detenciones de figuras políticas y la persistencia de restricciones al espacio cívico.
Al respecto, instamos al gobierno de Nicaragua a garantizar la rendición de cuentas, la búsqueda de la verdad y la reparación integral de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en ese país.
Finalmente, reiteramos el llamamiento al gobierno de Nicaragua para que avance en un diálogo nacional y permita el acceso al país de la Oficina de la Alta Comisionada y de otros mecanismos de este Consejo para que puedan cumplir debidamente con sus mandatos».
