Si bien el sinceramiento inflacionario del gobierno de Mauricio Macri no alteraría mayormente una recuperación económica en torno al 3 por ciento, las variables sociales como la pobreza se verían impactadas, debido a la imposibilidad de que los salarios, especialmente de los sectores más vulnerables, remonten su poder adquisitivo en un contexto de mayor endeudamiento familiar, a tasas muy por encima de la inflación.
Las opiniones tanto de economistas como de especialistas en temas sociales confluyen en una paradoja: que este año tendrá probablemente una recuperación de la economía, especialmente en sectores productivos exportadores y financieros, con un deterioro de los indicadores sociales entre los sectores económicos más frágiles como el cuentapropista y el asalariado, fruto de una inflación sostenida, el endeudamiento familiar de esas franjas más vulnerables y una recuperación salarial que apenas alcanzaría a compensar la suba de precios.
En esa línea, el especialista en temas sociales del Frente Renovador, Daniel Arroyo, trazó un panorama social complejo para la Argentina de 2018. Para el diputado nacional, una inflación que no logra ser domada por el gobierno, condiciones laborales frágiles y niveles de endeudamiento familiar elevados podrían ser un embudo social, especialmente a partir del mes de marzo.
Consultado por el impacto social de la inflación (cuyo porcentaje superó las previsiones del gobierno para 2017 y para este 2018), Arroyo consideró que la suba de precios “es altísima y lo que hace es complicarle la vida a las familias”. Y trazó tres frentes de conflicto “muy serios”. Y puntualizó: “Uno es que siempre los alimentos y medicamentos suben más que la inflación general. Las familias pobres y los jubilados son los que más sufren. Lo segundo es que los bolsillos están agotados, ya que, como los costos son muy altos, las familias terminan endeudándose. Lo tercero es que se está perdiendo empleo, tanto en el sector público como privado. Todo esto configura una situación social realmente complicada. Me parece que el gobierno debería reorientar la política porque esto nos va a meter en un lío social bárbaro“.
Consultado sobre las aspiraciones del gobierno de bajar la pobreza, Daniel Arroyo, quien fuera Ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, consideró que “parece difícil bajar la pobreza si aumentan las cosas y si se pierde el empleo, con inflación alta. En este año 2018 va a crecer la economía y la pobreza”. Para Arroyo, “van a crecer la economía en soja, minería, sector minero, sector energético, en algunos sectores concentrados. (Pero) la gente no trabaja ahí; lo hace en la construcción, en el sector textil, en el comercio, en el metalmecánico… El desenganche entre la macroeconomía y la vida cotidiana se va a hacer más grande“.
Medidas para los sectores más vulnerables
En este escenario de doble estándar económico, la principal preocupación debiera estar planteada sobre los sectores más vulnerables. Si bien el gobierno reconoció contar con un presupuesto histórico en materia de ayuda social, para la oposición el asistencialismo resulta insuficiente si solo se otorgan planes sociales. En ese sentido, Daniel Arroyo advirtió que “si la Argentina no mira el mercado interno, si, como mínimo, el gobierno no toma los 11 productos de la canasta básica y sobre ellos no aplica algún tipo de control sobre esos precios; si como mínimo no resguarda a sectores como el textil o el metalmecánico, difícilmente la situación pueda mejorar”.
Para el referente en temas sociales de Sergio Massa, tendrían que tomarse dos medidas de emergencia para contener una situación social que camina a deteriorarse durante 2018: crédito estatal a tasa baja para sectores empobrecidos y control de precios para los alimentos básicos para una familia: “El gobierno debe meterse con el tema del crédito. Las familias están endeudadas a tasas altísimas. Como el grueso de la gente patea (sus gastos) en cuotas o toma en la financiera del barrio o con el prestamista, a tasas del 150 o 200 por ciento anual, son familias exhaustas. Debe haber crédito no bancario a tasas del 1 o 2 por ciento de parte del Estado para máquinas o herramientas. El grueso de la gente no puede ingresar a un banco. Y lo segundo e imprescindible es bajar el precio de los alimentos. Una regla básica es que en la Argentina comer debe ser barato porque somos productores de alimentos. Debemos tomar los 11 productos básicos y bajar sus precios. Tiene que ser una política de Estado”, desplegó el especialista en problemática social.
Por su parte, el economista Jorge Vasconcelos, vicepresidente del Instituto de Estudios sobre Realidad Argentina y Latinoamericana de la Fundación Mediterránea (IERAL), destacó la voluntad del gobierno de “evitar el riesgo de que llegara el enfriamiento de la economía” con la decisión de forzar al Banco Central a bajar las tasas de interés pese a que la medida no logrará tener “una inflación más baja”. Para el economista, “la inflación afecta mucho más al segmento de la población que vive al día, que obtiene sus ingresos en el mercado informal del trabajo. El relajamiento de la meta de inflación no es una buena noticia desde el punto de vista de la lucha contra la pobreza. Tener una inflación más alta no es bueno para el 30 por ciento de pobres que tiene el país“.
Para Vasconcelos, el escenario económico de 2018 tendrá un “no impacto” en materia social: “Relajar la meta inflacionaria, aflojar la mano con la tasa de interés, tener un dólar más arriba puede ayudar a que la economía transite una recuperación más sostenida del empleo. La prioridad de 2018 será no usar tanto la tasa de interés. Si el gobierno lograr tener el control sobre las metas fiscales podrá garantizar el crecimiento con tasas de entre 2,5 y 3 por ciento anual en 2018. No es una gran marca pero permitiría que la generación de empleo no se recienta”, consideró.
En tanto, el economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Daniel Artana, también mostró un optimismo moderado sobre la marcha de la economía durante este año y mostró cautela sobre una mejora de los indicadores sociales: “Si la economía crece un 3 por ciento, el empleo puede crecer un poco. Los salarios por lo menos pueden empatarle a la inflación“.
Los últimos número oficiales del Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) de septiembre de 2017 revelaron que, en las principales ciudades del país, la pobreza alcanzó 28,4 por ciento, en tanto que la indigencia nuclea al 6,2 por ciento de la población.
Para el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), este 2018 será de pobreza al alza, teniendo en cuenta una inflación mayor a la prevista, tal como lo reconoció el gobierno sobre finales del año pasado.
“La revisión al alza de las metas de inflación es un acto de sinceramiento pero también de resignación. El ritmo de gradualismo elegido para ordenar las cuentas públicas obliga a tolerar mayor inflación”. De la pauta inflacionaria prevista “entre el 8 y 12 por ciento anual” al recalculo del 15 por ciento “el cambio implica aspirar a reducir la inflación con un ritmo mucho más lento“. Para IDESA, “conceder a tener más inflación implica también ser menos ambiciosos en mejorar la situación social“, agrega su informe sobre el impacto social de las últimas medidas económicas del gobierno.
En el mismo sentido opinó el coordinador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia, quien en declaraciones periodísticas advirtió que “una inflación mayor que ajuste precios en las canastas de alimentos, bienes y servicios que afectan a los más pobres, sumada a un aumento de tarifas y a una postergación de aumentos salariales para el segundo trimestre del año, por lo menos, va a generar un aumento de la pobrezapor ingresos en el primer semestre”.
