El partido en el poder introdujo ajustes en el documento con el objetivo de estrechar la brecha con la facción «dialoguista» de la oposición, buscando así obtener la aprobación en el Congreso.
El Gobierno ha remitido una versión revisada del texto con ajustes destinados a desbloquear las conversaciones con los «dialoguistas» y obtener la aprobación inicial para la Ley Ómnibus.
La redacción actualizada fue consensuada durante el segundo día de debates en el Congreso e incorpora varios artículos nuevos, entre los cuales destacan dos puntos previamente en riesgo de rechazo: privatizaciones y facultades delegadas.
En relación a las privatizaciones, se ha modificado el listado final de empresas susceptibles de venta, inicialmente conformado por 39, ahora reducido a 30. Este grupo incluye tres empresas que solo podrán ser privatizadas parcialmente: Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y ARSAT, especialmente resistidas por la oposición debido a su consideración como entidades estratégicas.
Entre las empresas excluidas del listado se encuentran Fabricaciones Militares, Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Dioxitek, Fábrica Argentina de Aviones, Casa de Moneda, Radio Nacional de Universidad del Litoral, Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación y Yacimiento Minero de Agua de Dionisio.
En este contexto, el nuevo capítulo se divide en tres artículos con sus respectivos anexos, donde se especifican las empresas sujetas a privatización total y otro listado con privatizaciones parciales. Esto facilitaría que los votos negativos de la oposición sean mínimos, acercando a aquellos que abogaban por aprobar cada privatización «empresa por empresa».
Además, se establecerá una Comisión Bicameral compuesta por seis diputados y seis senadores, informada por el Ejecutivo, para supervisar el proceso de privatización, el procedimiento y la modalidad elegidos para vender las empresas, así como cualquier circunstancia relevante. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) colaborarán de manera continua con la bicameral.
Antes de iniciar el proceso de privatización, la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en coordinación con la Sindicatura General de la Nación, deberá elaborar y publicar un informe integral sobre la empresa, incluyendo información detallada sobre sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos.
En cuanto a las emergencias y facultades delegadas, se eliminó la emergencia fiscal y previsional. El proyecto declara la emergencia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa hasta el 31 de diciembre de 2024, prorrogable por el Congreso por un máximo de un año.
