Según afirmó en su declaración, “le entregaba el 5% de los subsidios que recibía por la operación de trenes y subtes”.
En su tercera jornada de indagatoria, el empresario Aldo Roggio finalmente logró convencer al juez Claudio Bonadio de que los datos que aportaba eran suficientes para homologar el acuerdo que el dueño de la constructora que lleva su apellido firmó el viernes pasado con el fiscal Carlos Stornell. Así se convirtió en “imputado colaborador” en la causa de las millonarias coimas reveladas por los cuadernos del chofer Oscar Centeno.
Roggio dejó de lado el eufemismo de los pagos por aportes para la campaña y habló directamente de pago de dinero ilegal. Según reconstruyó Clarín se las entregaba a la cúpula del Ministerio de Transporte que en ese momento dirigía Ricardo Jaime.
Ese dinero ilegal correspondía al 5 por ciento de los subsidios que recibía por el Transporte. Roggio opera el ferrocarril Urquiza y Metrovías. Con esta declaración quedaría revelada otra de las formas de recaudación que tenía el Ministerio de Planificación a través del transporte.
Los fondos se pagaban siempre en efectivo y a Ricardo Jaime.
Según detalló en su declaración, accedió a la exigencia de efectuar los pagos a Jaime por su expreso pedido, a partir de una reunión mantenida en su despacho al inicio de la gestión.
“No tuvimos oportunidad de negarnos a esta exigencia”, dijo Roggio. “Habiendo soportado la presión hasta el límite de nuestras posibilidades, máxime teniendo cuenta que se trata de un servicio esencial y la gran incidencia del rubro personal, (70% del total) en los costos de operación del servicio.”
Dijo que el esquema de recolección duró hasta 2011, cuando Jaime ya no era funcionario y la secretaría de e Transporte la dirigía Juan Pablo Schiavi.
La homologación no se obtuvo fácilmente: Roggio se presentó a ampliar su declaración para lograr que lo considere un imputado colaborador. La primera información proporcionada no había sido suficiente. Es que en la causa ya hay más de diez arrepentidos, y quienes piden acogerse a este régimen deben aportar información cada vez más relevante para la causa.
En su declaración inicial ante el fiscal Stornelli, según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, Roggio admitió que hizo pagos en negro para campañas electorales del kirchnerismo, aunque dijo que los hizo “bajo presión del sector político”.
En este contexto, el empresario negó haber aportado los fondos millonarios que se le adjudican como sobornos en los cuadernos de Centeno, y ante la fiscalía habló de “pagos aislados” aproximados de 100 mil dólares cada uno, según confiaron fuentes con acceso a la causa. Pero esos datos no habrían sido suficientes para Bonadio, y es posible que Roggio deba volver a declarar.
Como contó Clarín, la Justicia no cree en el planteo de los “aportes” y “contribuciones” y avanza en la hipótesis de las coimas. Así lo confirmaron fuentes judiciales a Clarín. La premisa es que “se recaudaban fondos ilegales” como parte de esta asociación ilícita que habría movido 200 millones de dólares. En el expediente dos arrepentidos ya admitieron que se trataban de sobornos: Carlos Wagner (ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción) y Claudio Uberti (ex funcionario kirchnerista).
El ejecutivo quedó imputado como partícipe necesario de la asociación ilícita por la que los principales directivos de empresas de primera líneas entregaban coimas millonarias, principalmente a Roberto Baratta, quien actuaba como mano derecha del ministro de Planificación, Julio De Vido.
Aldo Roggio se presentó espontáneamente después de ser llamado a indagatoria, para admitir que durante el gobierno kirchnerista su compañía aceptó realizar pagos de fondos ilegales. El fiscal Stornelli determinó en la acusación formal que la asociación ilícita que “comandó Néstor y Cristina Kirchner” cumplió con sus objetivos, porque contó con el aporte indispensable de los empresarios que, en un “sinnúmero de oportunidades” entregaron dinero por más de 35 millones de dólares.
